Algo personal, como profesional sanitaria y como docente, me ha removido la reflexión surgida durante la tutela de un trabajo de fin de grado de una de mis alumnas de Enfermería. Esta experiencia me llevó a pensar con más profundidad sobre la medicalización del cuerpo menstruante y sobre cómo, incluso desde la atención sanitaria, perpetuamos discursos y prácticas que invisibilizan la menstruación o la tratan como disfunción. Esta fecha, que desde 1987 conmemora la lucha por el derecho a una salud integral para las mujeres, es una oportunidad para reflexionar sobre una dimensión de nuestra salud que ha sido sistemáticamente silenciada. En el día a día de la práctica sanitaria, y también en nuestras vidas, siguen presentes inequidades menstruales que nos interpelan.

Desde hace décadas, los estudios feministas en salud han señalado que la medicina ha tenido una mirada parcial y androcéntrica, en la que lo masculino se ha considerado la norma y lo femenino una desviación o una ausencia. La llamada «ciencia de la diferencia», defendida por Carme Valls y otras investigadoras feministas, ha hecho visible que la salud de las mujeres no puede entenderse sin considerar las condiciones de vida, las desigualdades estructurales y la biología cíclica que nos atraviesan.

Este enfoque cuestiona el paradigma biomédico tradicional al evidenciar cómo el conocimiento producido desde una perspectiva masculina ha invisibilizado sistemáticamente a las mujeres. La ciencia de la diferencia no propone sustituir lo masculino por lo femenino, sino introducir una mirada compleja, situada y relacional que reconozca la especificidad de los cuerpos, experiencias y contextos. Investigar y enseñar desde esta perspectiva implica integrar variables de género, clase, etnia y etapa vital en el análisis de los procesos de salud, enfermedad y atención sanitaria. Nos recuerda que la equidad no es tratar igual a quienes son diferentes, sino responder de forma justa a las necesidades diversas. Así, la menstruación deja de ser un tabú clínico o una molestia privada para ocupar un lugar como indicador de salud y dimensión clave del bienestar integral.

La menstruación, lejos de ser un proceso exclusivamente fisiológico, es una experiencia social, política y emocional. Sin embargo, como muestran las investigaciones recientes en el España, sigue siendo una fuente de discriminación y barreras. El estudio de Medina-Perucha et al. (2023) reveló que entre un 22 y un 40 % de mujeres y personas que menstrúan han experimentado pobreza menstrual en algún momento de su vida. Es decir, no han podido acceder a productos menstruales adecuados, seguros y suficientes. Además, muchas relatan haber tenido que ausentarse del trabajo o los estudios por no poder gestionar su menstruación.

Pero no se trata solo de productos. Las inequidades menstruales también se expresan en la falta de educación menstrual, en los diagnósticos tardíos de condiciones como la endometriosis, en la patologización del ciclo menstrual, o en la medicalización sin alternativas. A menudo, el mensaje implícito que recibimos es que menstruar es una molestia que debe esconderse, una carga individual que no merece atención sanitaria ni política.

Tampoco las experiencias menstruales son homogéneas. No lo son entre mujeres cis y personas trans o no binarias que menstrúan, ni lo son según la clase social, el lugar de origen, el estatus administrativo, la edad, la diversidad funcional o la situación laboral. La interseccionalidad no es un concepto teórico, sino una herramienta para diseñar políticas sensibles y justas. Como muestran los estudios, quienes no tienen papeles, viven en situación de calle o sufren violencia de género, encuentran barreras casi infranqueables para acceder a una salud menstrual mínima.

En este espacio reflexivo de hoy, no podemos olvidar que los estereotipos sobre lo menstrual operan también en los espacios sanitarios, donde muchas veces se trivializan los síntomas o se ofrece la anticoncepción hormonal como única solución, como evidencian testimonios recogidos en investigaciones muy recientes. Como enfermera-docente, me pregunto: ¿estamos formando profesionales de la salud preparados para escuchar a las mujeres, que legitimen sus vivencias y que promuevan su autonomía? Y como ciudadana, me interpelo: ¿por qué no exigimos políticas públicas que garanticen el derecho a una menstruación libre de dolor evitable, estigma y pobreza?

Por eso, el 28 de mayo no es una fecha para celebrar sino para movilizarnos. Necesitamos urgentemente una educación menstrual que empiece en la infancia y continúe durante todo el ciclo vital; formación obligatoria en los grados de ciencias de la salud; protocolos de atención menstrual en centros de salud, escuelas, prisiones y espacios laborales; y acceso gratuito y universal a productos menstruales de calidad.

La reciente aprobación en España de medidas como las bajas por menstruación dolorosa —contempladas en la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que modifica la Ley Orgánica 2/2010— es un avance importante, pero no suficiente. Esta ley reconoce como causa de incapacidad temporal la dismenorrea incapacitante secundaria asociada a patologías diagnosticadas como endometriosis, miomas u otras condiciones ginecológicas, permitiendo el derecho a baja médica desde el primer día sin requisitos mínimos de cotización. Aún así estamos lejos de garantizar el derecho a una salud menstrual integral. Hablamos de un derecho que no puede seguir dependiendo de la geografía, el código postal o la renta.

Como mujeres, como profesionales, como docentes y activistas, debemos recordar que visibilizar las diferencias no es reforzar estereotipos, sino dar nombre a realidades negadas. Nombrar es el primer paso para transformar. Porque vivir con la regla no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado.