La desinformación en salud se ha convertido en uno de los principales desafíos tanto para los sistemas sanitarios, como para los profesionales de la información y las instituciones públicas. Es la principal conclusión del Informe sobre Desinformación en Salud en España que hemos elaborado la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS). En este documento, advertimos que los bulos sanitarios han dejado de ser episodios aislados para convertirse en un fenómeno estructural con consecuencias directas sobre la salud pública.

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión. La combinación de incertidumbre social, crecimiento de las redes sociales, expansión de la mensajería instantánea y avances tecnológicos permitió que la información falsa circulara con una velocidad sin precedentes, superando en muchas ocasiones la capacidad de respuesta de científicos, periodistas e instituciones sanitarias.

La desinformación sanitaria puede provocar daños físicos y psicológicos al fomentar el abandono de tratamientos avalados por la evidencia científica o promover terapias ineficaces e, incluso, peligrosas. Otro motivo de preocupación es el creciente deterioro de la confianza ciudadana en profesionales sanitarios, científicos, medios de comunicación e instituciones públicas.

El informe diferencia entre información errónea –compartida sin intención de engañar– y desinformación, elaborada deliberadamente para manipular, obtener beneficios económicos o promover intereses ideológicos o políticos. Aunque ambas pueden resultar perjudiciales, la segunda constituye una amenaza especialmente grave porque busca erosionar la confianza en organismos oficiales, expertos y sistemas de salud.

Para analizar la situación española, en el informe hemos revisado iniciativas gubernamentales, documentación científica y opiniones de periodistas, profesionales sanitarios y representantes de pacientes. Entre nuestros hallazgos, destaca una amplia diversidad de actuaciones dispersas. El Gobierno de España ha impulsado una docena de medidas relacionadas con la lucha contra la desinformación, mientras que las comunidades autónomas y otras instituciones han desarrollado al menos 64 iniciativas distintas. Sin embargo, existe una notable falta de coordinación entre ellas.

Teorías conspirativas

Uno de los aspectos más preocupantes es el arraigo social de determinadas teorías conspirativas. Según datos recogidos en la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, un 41,6% de los ciudadanos cree que los gobiernos han producido virus en laboratorios para controlar a la población. Y aproximadamente la mitad considera que las compañías farmacéuticas ocultan los riesgos de las vacunas. Además, un tercio de la población cree que existe una cura para el cáncer que permanece oculta por intereses económicos.

Estas cifras contrastan con el elevado nivel de confianza que los españoles siguen depositando en la investigación científica:más del 75% manifiesta confiar en la ciencia y casi el 86% considera que los científicos son expertos fiables en sus respectivos campos. No obstante, la coexistencia de confianza científica y creencias conspirativas evidencia la complejidad del actual ecosistema informativo.

Falta de credibilidad de los medios

Los medios de comunicación continúan desempeñando un papel fundamental en este contexto. Diversos estudios muestran que televisión, radio y prensa siguen siendo considerados por la ciudadanía como las fuentes más fiables para contrastar información. Sin embargo, el sector periodístico afronta una crisis de credibilidad que afecta especialmente a los jóvenes, entre quienes la confianza en las noticias es significativamente menor.

La expansión de las redes sociales ha transformado radicalmente el escenario. Plataformas como YouTube, Instagram, TikTok o X permiten una difusión masiva de contenidos sanitarios sin filtros editoriales. Diversas investigaciones que hemos recopilado en el informe muestran que la desinformación es especialmente frecuente en ámbitos como las vacunas, la nutrición, las enfermedades crónicas, el cáncer o los productos relacionados con el tabaquismo y las drogas.

Especial preocupación generan los jóvenes: un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud para Europa indica que más del 60 % de las personas entre 16 y 24 años obtiene gran parte de su información sanitaria a través de redes sociales y menos de un tercio verifica activamente las fuentes de lo que consume.

IA, un nuevo reto

La inteligencia artificial aparece además como un nuevo desafío. Aunque la población utiliza cada vez más estas herramientas y reconoce sus beneficios, también expresa inquietud por los riesgos asociados a la manipulación de contenidos, la privacidad de los datos y la generación automatizada de información falsa.

Los profesionales sanitarios que hemos consultados coinciden en señalar que la desinformación ya tiene efectos visibles en la práctica clínica. Muchos pacientes llegan a las consultas con ideas preconcebidas erróneas, expectativas irreales o desconfianza hacia tratamientos científicamente contrastados. Esta situación obliga a dedicar más tiempo a desmontar creencias falsas y puede dificultar la adherencia terapéutica.

Las asociaciones de pacientes también muestran preocupación por la proliferación de contenidos poco fiables. Subrayan que numerosos afectados recurren a internet para resolver dudas relacionadas con enfermedades o tratamientos y, en ausencia de orientación adecuada, quedan expuestos a información engañosa que puede generar miedo, falsas expectativas o decisiones perjudiciales para su salud.

Papel clave del periodismo especializado

Ante este escenario, en el informe reivindicamos un papel central del periodismo especializado en salud: los periodistas sanitarios actuamos como intermediarios entre la evidencia científica y la ciudadanía, traduciendo conocimientos complejos a un lenguaje accesible y verificando rigurosamente las fuentes. Nuestra función resulta especialmente relevante en un entorno donde la rapidez de difusión suele imponerse a la calidad de la información.

La alfabetización mediática y sanitaria emerge como otra de las grandes herramientas para combatir el problema. En el documento recopilamos estudios que destacan la importancia de enseñar pensamiento crítico, fomentar la lectura crítica de contenidos digitales y mejorar la capacidad de la población para identificar fuentes fiables. Asimismo, proponemos reforzar estas competencias desde la escuela y mediante programas de formación dirigidos tanto a ciudadanos como a profesionales sanitarios.

Como referencia internacional, debe destacarse la estrategia impulsada por Escocia en 2025 para proteger la integridad de la información sanitaria. El modelo escocés se articula en torno a tres pilares: liderazgo institucional, fortalecimiento de la resiliencia ciudadana y mecanismos de respuesta rápida frente a los bulos.

Para acabar, reiteramos que la desinformación en salud debe ser reconocida oficialmente como un problema de salud pública. Por ello, desde ANIS proponemos desarrollar una Estrategia Nacional contra la Desinformación en Salud que coordine a administraciones, profesionales sanitarios, periodistas, científicos, centros educativos y plataformas tecnológicas. El objetivo es construir un sistema capaz de detectar, prevenir y responder de forma eficaz a una amenaza que ya afecta a la calidad de las decisiones sanitarias, la confianza social y el bienestar colectivo.

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