Las agresiones laborales a profesionales de la salud son un problema creciente que tiene consecuencias nefastas para las víctimas, tanto a nivel físico como psicológico. Sin embargo, a pesar de su gravedad, muchas de estas agresiones nunca llegan a ser declaradas.

¿Por qué no se declaran todas las agresiones laborales que sufre el personal sanitario? 

Uno de los principales motivos es la extendida percepción del personal sanitario de que realizar la declaración de la agresión recibida no sirve para nada, no traerá consecuencias para la persona agresora ni mejorará su seguridad en el trabajo. La falta de respuesta por parte de las instituciones refuerza esta percepción. Además, el miedo a posibles represalias supone también un importante elemento disuasorio para realizar la declaración.

Otro factor es la normalización de algunos comportamientos agresivos. La conciencia de trabajar en un ambiente en el que se generan situaciones muy críticas o dolorosas facilita que algunos episodios violentos, especialmente relacionados con las agresiones verbales sean considerados “una parte desagradable del trabajo”.

Las barreras burocráticas también juegan un papel importante. Los procesos de declaración no siempre son ágiles y sencillos, lo que desanima al personal sanitario a usarlos. Si apenas tienen tiempo para atender a los pacientes, ¿cómo van a dedicarlo a trámites administrativos largos y complicados?

A esto se suma que en algunas instituciones ni siquiera existe un método específico para realizar la declaración o que, si existe, este no se conoce por las personas que trabajan en ella.

La falta de información sobre qué se considera una agresión laboral, principalmente en el caso de las agresiones verbales es otro de los motivos que esgrimen las víctimas. Las definiciones pueden ser ambiguas y en muchas situaciones las víctimas dudan si lo que han sufrido es declarable. Esto no es baladí, ya que las agresiones laborales verbales son las más comunes y las más invisibilizadas.

¿Cuáles son las implicaciones de no declarar?

Las consecuencias de la infradeclaración de agresiones en el ámbito laboral son alarmantes. La exposición a este fenómeno, además de las lesiones directas que puede provocar, genera estrés, ansiedad y agotamiento en los y las profesionales, colaborando de forma muy activa en el desarrollo del síndrome del quemado o burnout.  Asimismo, interfiere en la calidad del servicio que prestan, con un aumento de conductas defensivas. El miedo y la inseguridad en el entorno laboral también pueden influir incluso en el abandono de la profesión, presentando una menor adherencia al puesto de trabajo.

No declarar estas situaciones implica que las cifras oficiales no reflejan la realidad, opacando su trascendencia y dificultando que este fenómeno adquiera la prioridad política que debería tener. Además, si no se conoce lo que ocurre y de la forma en la que se materializa, difícilmente pueden implementarse herramientas efectivas para la lucha contra estos eventos. La recopilación de datos precisos facilitará la creación de estrategias preventivas y permitirá adaptar las políticas de seguridad laboral a las necesidades del personal sanitario. Invertir en esto no solo beneficia a quienes trabajan en el sector, sino que también mejora la calidad de la atención sanitaria y refuerza la confianza de los pacientes en el sistema de salud. Visibilizar este problema es el primer paso para encontrar soluciones.

¿Qué se puede hacer?

Para mejorar esta situación, es fundamental que las instituciones faciliten la declaración de agresiones mediante procesos simples y rápidos. También es clave ofrecer apoyo y protección a quienes se atrevan a denunciar, evitando que teman represalias. La formación en identificación y reporte de agresiones ayudaría a que el personal sanitario reconozca cuándo han sido víctimas de una agresión y sepan qué pasos seguir. Adicionalmente, se deben realizar campañas de sensibilización para dejar claro que la violencia no es una parte aceptable del trabajo en el sector salud.

En definitiva, el compromiso con la seguridad y el bienestar del personal sanitario debe ser una prioridad para garantizar un sistema sanitario más justo y eficiente.

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