Cada 6 de febrero, la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), una fecha clave para visibilizar, sensibilizar y renovar el compromiso colectivo con la erradicación de una de las formas más graves de violencia contra las mujeres y las niñas. La mutilación genital femenina no es una práctica cultural inocua ni una tradición ancestral inofensiva: es una violación de los derechos humanos, una manifestación extrema de desigualdad de género y una forma de violencia basada en el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres.

La Organización Mundial de la Salud define la MGF como «todos los procedimientos que implican la alteración o lesión de los órganos genitales femeninos externos por razones no médicas». Se estima que más de 200 millones de mujeres y niñas en el mundo han sido sometidas a esta práctica, principalmente en países de África, Oriente Medio y algunas zonas de Asia, aunque también está presente en contextos migratorios en Europa, América del Norte y otros territorios.

La mutilación genital femenina se realiza mayoritariamente en niñas y adolescentes, y está profundamente arraigada en normas sociales que perpetúan la desigualdad entre mujeres y hombres. Suele justificarse bajo argumentos relacionados con la tradición, la pureza, la religión o la supuesta preparación para el matrimonio. Sin embargo, ninguna religión prescribe la MGF, y su persistencia responde fundamentalmente al deseo de controlar la sexualidad femenina, garantizar la virginidad, la fidelidad conyugal y la obediencia a los roles de género impuestos.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la MGF vulnera derechos fundamentales como el derecho a la integridad física y mental, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como los derechos de la infancia cuando se practica en menores de edad. Además, refuerza la idea de que el cuerpo de las mujeres no les pertenece plenamente, sino que está sujeto a decisiones comunitarias y patriarcales.

Las consecuencias son graves y duraderas, a corto plazo, puede provocar dolor extremo, hemorragias, infecciones, shock e incluso la muerte. A largo plazo, muchas mujeres sufren dolor crónico, complicaciones ginecológicas y obstétricas, problemas urinarios, disfunciones sexuales y graves afectaciones a la salud mental, como ansiedad, depresión o trastorno de estrés postraumático. Estas secuelas condicionan su autonomía, su bienestar y su participación plena en la vida social.

En las últimas décadas se han producido avances significativos. Cada vez más países han prohibido legalmente la mutilación genital femenina, y numerosas comunidades han iniciado procesos de abandono colectivo de la práctica.

Médicos del Mundo, desde un enfoque integral, aborda este problema para evitar sus implicaciones físicas, psíquicas, sociales y legales mediante la prevención y la sensibilización.

El objetivo que se persigue es reducir su práctica y mejorar las condiciones sanitarias y la integración social entre la población inmigrante que reside en España.

Las actividades siguen una dinámica participativa, priorizando el protagonismo y la aportación de las personas titulares de derechos (mujeres y niñas procedentes de países de riesgo). La incorporación de mediadoras y mediadores a la intervención es un eje central de la actividad, determinante para lograr los objetivos.

Nuestro trabajo implica a mujeres, adolescentes y niñas procedentes de países de riesgo, así como a los hombres. Es importante comprometer a toda la comunidad por el peso en la toma de decisiones y en los cambios de actitud, tanto en España como en los países de origen.

Nuestra intervención potencia la coordinación de profesionales y el trabajo en red con otras entidades públicas y privadas. Consideramos determinante la sensibilización de los profesionales para lograr una intervención integral y adecuada. En este sentido, Médicos del Mundo Aragón ha liderado la creación de protocolos de actuación llevados a cabo por la Administración Pública aragonesa, visibilizando de esta forma de violencia contra la mujer.

El 6 de febrero no es solo una fecha simbólica, sino un llamado a la acción. Erradicar la mutilación genital femenina es posible, pero exige voluntad política, recursos sostenidos y un compromiso firme con la igualdad de género. Implica reconocer que no puede haber relativismo cultural cuando se vulneran derechos fundamentales y que la protección de las mujeres y las niñas debe situarse en el centro de las políticas públicas y de la acción social.

Hablar de mutilación genital femenina es hablar de justicia, dignidad y derechos humanos. En este día, reafirmamos que ninguna niña debe sufrir violencia en nombre de la tradición y que la tolerancia cero es una responsabilidad compartida.

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