Repensando la discapacidad en la universidad: Hacia una inclusión sin etiquetas estigmatizantes

Repensando la discapacidad en la universidad: Hacia una inclusión sin etiquetas estigmatizantes

Carlos Navas Ferrer

3 de diciembre de 2024

Con ocasión del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra anualmente el 3 de diciembre, el Observatorio Contra la Desinformación en Salud (OCODES) desea contribuir con el siguiente artículo que analiza cómo el término discapacidad perpetúa el estigma y la exclusión social partiendo del modelo biomédico tradicional que pone su énfasis en el déficit y sugiere la adopción del concepto de diversidad funcional como alternativa inclusiva y emancipadora. Por otro lado, se exploran algunos datos relativos a la situación de las personas con diversidad funcional en las universidades españolas haciendo hincapié en el camino que todavía queda por recorrer para la plena inclusión de este colectivo.

De la discapacidad a la diversidad funcional

El término discapacidad carga con un historial de exclusión y marginalización. Tal y como se señala en el artículo ‘La discapacidad como falacia diagnóstica’, la raíz ‘dis’, inherente a su construcción, remite a lo deficiente o incapaz, estableciendo una relación dicotómica entre normalidad y anormalidad. Este modelo, basado en un enfoque biomédico, clasifica a las personas según un estándar rígido de funcionalidad y contribuye a una visión reduccionista que patologiza las diferencias. Así, la discapacidad no solo describe una condición física o cognitiva, sino que funciona como una etiqueta que condiciona la identidad y limita las oportunidades de quienes la portan. Desde este enfoque, el problema principal radica en cómo la sociedad estructura las barreras, tanto físicas como actitudinales, que agravan la exclusión. Este constructo social, reforzado históricamente por el capitalismo, define a las personas en función de su capacidad productiva, relegando a quienes no cumplen estos estándares a los márgenes de la sociedad​.

El concepto de diversidad funcional surge en 2005 en España como una propuesta del Foro de Vida Independiente (FVI). Este movimiento, inspirado en la Filosofía de Vida Independiente, rechaza las definiciones en negativo, como «discapacidad» o «minusvalía», y propone un enfoque centrado en las capacidades y derechos de las personas. Según un artículo publicado en 2010 por la Revista Internacional de Sociología, este modelo reivindica el respeto por la dignidad humana como parte de la diversidad inherente a nuestra sociedad, en la que las diferencias deben valorarse como una riqueza y no como un problema que requiere corrección.

La diversidad funcional abandona la patologización y promueve una visión que reconoce a las personas como sujetos activos, capaces de tomar decisiones y participar plenamente en la vida colectiva. Este enfoque está alineado con un paradigma emancipador, que pone en el centro los derechos humanos y la inclusión social.

A pesar de su potencial transformador, el término diversidad funcional enfrenta desafíos significativos. Esta noción no logra desvincularse completamente de las estructuras de poder que perpetúan la normalización y la exclusión. Por ejemplo, aunque el modelo intenta alejarse de la influencia biomédica, sigue dependiendo de sistemas sociales que imponen estándares de funcionalidad. Además, el concepto presenta el riesgo de invisibilizar las necesidades concretas y heterogéneas del colectivo. Cada persona con diversidad funcional vive una realidad única, influenciada por su contexto social, económico y cultural. Por ello, es fundamental evitar una homogenización que reduzca las experiencias individuales a una categoría abstracta que no contemplan la historia vital y su contexto sociocultural.

Diversidad en la Educación Superior en España

El ‘VI Estudio sobre la inclusión de Personas con Discapacidad en el Sistema Universitario Español (2021-2022)’ publicado por Universia destaca que en España el número de estudiantes con discapacidad en universidades aumentó de 8.230 a 22.156 entre los años 2008 y 2022. Esto supone el 1,6% del alumnado universitario total, con un 51,9% en modalidad presencial y un 48,1% a distancia. Las universidades públicas albergan al 86,3% de este alumnado. Las discapacidades físicas son las más comunes (34,1%), seguidas de la discapacidad intelectual (13,3%) y la sensorial (10,9%). Concretamente, en la Universidad de Zaragoza, según los últimos datos aportados por la Oficina Universitaria de Atención a la Universidad (OUAD), fueron 252 las personas con diversidad funcional matriculadas en el año 2022.

Según el informe de Universia, en España, las universidades han implementado importantes medidas para mejorar la inclusión de las personas con diversidad funcional. La mayoría (96,5%) cuenta con servicios de atención específicos, que ofrecen adaptaciones en el puesto de estudio, tutorización y seguimiento académico, y asesoramiento psicoeducativo. También se desarrollan programas de asistencia personal en el 56,4% de las universidades. En accesibilidad, el 86% de las universidades evalúa sus instalaciones físicas y digitales, y el 45,6% tiene planes específicos para garantizar el acceso universal. Además, el 61,4% ofrece becas y ayudas económicas específicas. En formación, el 22,8% de las universidades incluye temas de discapacidad en sus programas, mientras que el 85% desarrolla proyectos de investigación en este ámbito. Sin embargo, solo el 22,8% asegura la representación de personas con discapacidad en sus órganos de gobierno, un aspecto crucial para la inclusión.

Por último, más del 50% de los estudiantes utilizan los servicios de atención específicos y destacan su impacto positivo en la eliminación de barreras académicas y sociales. No obstante, aunque estas medidas han mejorado la percepción de inclusión, con un 82% de estudiantes sin experiencias de discriminación, aún persisten barreras, como la falta de accesibilidad y las dificultades para acceder a adaptaciones curriculares, Además, el 60,6% percibe dificultades para encontrar empleo en comparación con sus compañeros sin discapacidad.

En definitiva …

Transitar del término discapacidad al de diversidad funcional es un paso hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con las diferencias. Sin embargo, este cambio semántico debe ir acompañado de transformaciones estructurales profundas que eliminen las barreras materiales y culturales que perpetúan la exclusión.

Las universidades, como instituciones fundamentales para el desarrollo social, deben apostar por este proceso y, aunque las medidas actuales han sido clave, el esfuerzo que los estudiantes deben realizar para superar barreras demuestra que la igualdad de oportunidades aún no se ha logrado plenamente. El horizonte es avanzar hacia universidades tan accesibles que los apoyos específicos sean innecesarios. En este sentido, desde OCODES, pensamos que la clave está en reconocer que todas las personas tienen derecho a ser valoradas por lo que son, más allá de etiquetas que limiten su potencial.

Violencia obstétrica en el contexto español

Violencia obstétrica en el contexto español. Necesidad de su análisis

Adrián Romero Berenguel

27 de noviembre de 2024

«El presente trabajo se ha elaborado en el marco del Proyecto de Investigación «El Derecho Penal ante los retos actuales de la Biomedicina (DERPEBIO)». Referencia: PID2022-136743OB-I00. Proyectos de Generación de Conocimiento 2022. Entidades financiadoras: MCIN / AEI / y FEDER Una manera de hacer Europa.»

La violencia obstétrica, es un fenómeno que se encuentra actualmente en el foco mediático y que algunos autores la definen como “un problema social que afecta y vulnera el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la función sexual y reproductiva de su cuerpo, evitando que su salud sea plenamente garantizada”. Ello se debe al cambio de paradigma resultante del aumento de la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones en cuanto a su salud como pacientes; en contraposición al modelo paternalista tradicional y que, legalmente ya se ha visto superado por normativa como el Convenio de Oviedo y la Ley de Autonomía del Paciente.

En el contexto actual, algunas de las prácticas comunes que suelen señalarse como violencia obstétrica suponen (entre otras), la patologización de los cuerpos en un proceso que se considera fisiológico en caso de no complicarse, el uso excesivo de cesáreas sin justificación médica, maniobras o procedimientos invasivos sin el consentimiento informado de la mujer, el empleo exógeno de oxitocina sintética sin la antedicha justificación, la negación del acompañamiento por una persona de confianza o del método piel con piel y, por supuesto, la falta de un consentimiento plenamente informado que tenga en cuenta las circunstancias personales o deseos de la mujer.

Todos estos elementos muestran a priori cierta desconexión entre las prácticas asistenciales y las necesidades solicitadas de las pacientes, lo que ha alimentado el debate sobre la forma en que debe respetarse la autonomía de las mujeres en el embarazo y el parto, a pesar de que las mismas puedan carecer de conocimientos médicos o pueda valorarse un potencial riesgo en abstracto para la salud del feto y de la madre.

Internacionalmente, países como Venezuela o algunos Estados Mexicanos, han legislado ya positivamente contra la violencia obstétrica, incluso en el orden penal. Ello supone la incorporación del delito de violencia obstétrica a su ordenamiento. Teniendo en cuenta que ya existen sentencias españolas que nombran dicho concepto y que hay un pronunciamiento por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la que se dictaminó que en España se ha producido violencia obstétrica, es interesante realizar una valoración holística acerca de la situación del estado de la cuestión en la asistencia sanitaria española y, analizar la pertinencia de regular la violencia obstétrica en España mediante un tipo penal específico, evaluando, a su vez, una eventual responsabilidad de la gestante que rechace conscientemente tratamientos de carácter necesario.

Si bien es importante garantizar la seguridad e integridad de la madre y el feto, es igualmente crucial respetar el derecho de la mujer a decidir sobre los riesgos que está dispuesta a asumir, permitiendo a las propias mujeres que puedan evaluar las opciones asistenciales junto con los profesionales sanitarios y tomar decisiones plenamente informadas y consensuadas sobre su proceso de parto.

El debate gira en torno a si el Derecho Penal debería intervenir en la protección de estos derechos, o, por el contrario, sería suficiente con una regulación administrativa y con la implementación de protocolos médicos que tengan en cuenta la voluntad de la madre y garanticen decisiones informadas y seguridad clínica en caso de complicaciones.

Hay que tener en cuenta que en el momento en el que se demanda un aumento de derechos por parte de un colectivo, dicha demanda está necesariamente unida a un aumento de deberes y/o responsabilidades. La Ley de Autonomía del Paciente, regula las decisiones que un individuo adopta en relación con su salud personal. No obstante, el embarazo y el parto son las únicas situaciones en las que una decisión sobre la salud personal tiene una potencial repercusión sobre la salud de un tercero. Un modelo con unos rígidos protocolos tiene la ventaja de minimizar las posibles complicaciones del feto a su máximo exponente, en detrimento de la autonomía de la voluntad de la mujer gestante. De querer virar esa dinámica hacia una en la que la madre sea la directora de las decisiones, se ha de tener en cuenta el riesgo máximo que se quiere asumir, así como la desviación de la posición de garantía sobre el feto que adoptaba el médico en el modelo paternalista por asumir el riesgo de la actuación. Es decir, en el supuesto de que se adoptara un modelo asistencial en el que la madre tuviese siempre la última palabra, en caso de una eventual complicación tras desoír el criterio médico que se rige por la lex artis, la posición de garante decaería en la madre y con ello una eventual responsabilidad (incluso penal) sobre las complicaciones acaecidas.

Dadas las circunstancias, la mejor opción sería implementar un modelo mixto en el que se le permita a la mujer tener gran capacidad de decisión, pero que los criterios estrictamente médicos sigan siendo objeto de los profesionales sanitarios. Para ello, personalmente me inclino por una fórmula de consentimiento en cascada, similar a un plan de parto en árbol de decisiones, pero que únicamente permita decidir según las posibilidades materiales del servicio en el que se va a ser atendido. De esta manera, la voluntad de la mujer no se vería frustrada por una incapacidad de medios por parte del servicio en el que está siendo atendida (por ejemplo, no incluir bañera en el árbol de decisión si en el centro hospitalario no se dispone de la misma). Teniendo en cuenta que el embarazo y el parto según estudios recientes son etapas de alta labilidad y plasticidad cerebral, donde las conexiones neuronales de la madre se ven modificadas para desarrollar nuevas capacidades, un consentimiento sostenido en el tiempo y que se inicie en etapas tempranas desde Atención Primaria, sería una solución altamente recomendable.

Cuando la comunidad se une: Una experiencia de ayuda en Albal

Cuando la comunidad se une: Una experiencia de ayuda en Albal

María Teresa Fernández Rodrigo

23 noviembre 2024

Cuando ocurre una tragedia, como la que vivimos recientemente en Valencia tras la DANA, es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, en medio de ese desconcierto, surge también un impulso casi instintivo de ayudar. Así nos encontramos la semana pasada un grupo de personas, decididos a prestar apoyo. Todo comenzó como una iniciativa particular de Juan Camón Cala, un profesor de la Facultad de Economía, y un grupo de estudiantes. En cuestión de horas, la determinación de colaborar se extendió a otros centros y el convoy se organizó para partir al amanecer del sábado.

Éramos 53 personas, entre profesores, exalumnos, amigos, familiares y estudiantes de las facultades de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Filosofía y Letras, Ingeniería, Arquitectura, Trabajo Social, Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, junto a los conductores voluntarios que nos llevaron hasta el corazón del desastre. Nuestros vehículos, aportados generosamente por Autocares Murillo, Grupo la Veloz S. Coop, Tiebel S. Coop, una furgoneta costeada por el Vicerrectorado de estudiantes de la Universidad de Zaragoza y un vehículo particular, transportaron a todos los voluntarios además del material recogido y donado por las facultades de Económicas y Ciencias de la Salud y por particulares anónimos.

Cada uno de nosotros vivió el momento de la partida de manera diferente. Nos preocupaba la devastación que encontraríamos, el estado físico y emocional de la gente afectada, nuestra propia seguridad y, sobre todo, si seríamos capaces de brindar una ayuda efectiva. Al llegar, el escenario era desolador, un paisaje dantesco que evocaba el sufrimiento y la pesadilla de aquellos que, al principio, nos parecían anónimos, pero que pronto se volvieron rostros y nombres.

Es común, en estas situaciones, sentirse frustrado por la magnitud de la desgracia y la limitada capacidad para ofrecer consuelo. Pero sabíamos que nuestro papel no era resolver todo, sino apoyar. Esto implicaba un equilibrio constante entre mantener la empatía y, al mismo tiempo, una actitud práctica y objetiva. En ocasiones, debíamos ser pragmáticos y fríos; en otras, estar abiertos y cercanos, dispuestos a escuchar a quienes habían perdido tanto.

Si algo aprendimos, es la importancia de una preparación cuidadosa antes de ofrecer ayuda. En nuestro caso, todos asumimos una parte de responsabilidad en la expedición bajo el liderazgo de Juan, que fue fundamental y realmente efectivo, y de dos estudiantes comprometidos: Damián, de Fisioterapia, y Pablo, de Enfermería, hacia quienes siento una profunda admiración. Contactar directamente con los concejales del pueblo de Albal fue fundamental, ya que permitió que nuestra labor tuviera una dirección y nos asignaran tareas concretas, lo que convirtió nuestro esfuerzo en un pequeño éxito.

Nuestro trabajo incluía limpiar y desinfectar una escuela primaria, retirar agua y lodo de un instituto de secundaria y ofrecer atención sanitaria básica para los voluntarios y personas con heridas provocadas por el trabajo de desescombro. Aunque el pueblo estaba solo a 20 km de Valencia capital, nos tomó tres horas llegar debido al caos vial. Gracias a la gestión y las autorizaciones del ayuntamiento de Albal, una vez allí, no tuvimos problemas para acceder. Nos recibieron el concejal y las responsables del colegio, Rosa y Raquel, quienes nos ayudaron a organizarnos en grupos: brigadas de limpieza, retirada de fango, distribución de materiales donados y atención en el puesto de primeros auxilios, que instalamos en el patio de la escuela y que fue anunciado a la población por WhatsApp.

Hay muchas anécdotas y vivencias que hicieron que esos dos días se sintieran como dos semanas, pero quiero resaltar lo más positivo que viví y recordaré siempre. Por un lado, la fortaleza de las personas de Albal, que no dejaban de agradecernos nuestra ayuda, asegurándonos que «los valencianos somos fuertes y vamos a salir adelante.» Por otro, la calidad humana y profesional de nuestra juventud. Los estudiantes mostraron una madurez y capacidad de organización sorprendentes. No solo llegaron con generosidad para ayudar, sino que demostraron una capacidad de trabajo, disciplina y humildad dignas de admiración.

Es evidente que no podemos generalizar ni frivolizar denominando a la juventud como “la generación de cristal” porque nos demuestran, en muchas ocasiones, lo que son capaces de hacer por los demás de forma voluntaria y generosa. 

Soy una profesora orgullosa de los jóvenes, compañeros, amigos y familiares que he tenido el honor de acompañar en esta experiencia y espero que poco a poco estas poblaciones afectadas puedan volver a retomar su vida y, sobre todo, mi más sentido pésame a todas las familias de los fallecidos.

Los derechos de los niños

Los derechos de los niños

Eva Benito Ruiz

20 noviembre 2024

En 1959 Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y actualmente se utiliza el 20 de noviembre para celebrar el Día Mundial del Niño ya que la Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada en esta fecha (1989). En ella, no sólo se describieron los derechos básicos que tienen los niños y las niñas sino también las obligaciones de los Estados y entidades públicas, padres, madres y la sociedad en general para garantizar el respeto de estos derechos. Estados Unidos, Somalia y Sudán son los tres países que todavía, a día de hoy, se han negado a ratificarla.

Se utiliza esta fecha para además de celebrar, sensibilizar y concienciar a la población sobre la importancia de los niños y las niñas, colocándoles en el foco de atención y luchar contra la vulneración que sufren sus derechos en numerosas ocasiones.

Los derechos de los niños son un conjunto de normas que describen lo que necesitan los niños y las niñas para desarrollarse adecuadamente y para ser felices. Todos los niños, niñas y adolescentes deben disfrutar de los mismos, no importa quiénes sean o dónde vivan.

Y que sepan todos ustedes, que 30 años después, los derechos de los niños y niñas se siguen vulnerando en todo el mundo, también en España.

Es continuo el incumplimiento de los diez derechos básicos de la infancia, entre los que se encuentra el derecho a la educación, a la protección o a tener una alimentación adecuada. Esto nos obliga a recordar que seguimos detectando y denunciando cómo cada día millones de niños y niñas sufren pobreza, explotación, violencia o son asesinados. Actualmente en España, una de cada dos personas que sufre abuso sexual es menor de edad, más del 25% de los menores ha sufrido maltrato y 7 de cada 10 jóvenes ha sufrido violencia online durante su infancia. En lo que llevamos de año, al menos 22 menores han muerto por causas violentas en nuestro país. España es el tercer país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Más de dos millones de niños y niñas viven en situación de exclusión social. Todos estos niños y niñas ven vulnerado su derecho a una alimentación, una vivienda y unos recursos básicos para poder desarrollarse de forma correcta.

A nivel global, Save the Children, en su página web registra que cada día 34.500 niñas son forzadas a casarse antes de cumplir los 18 años en países como Pakistán, Sierra Leona, Yemen o Bangladesh, y más de 3 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Además, menciona que en todo el mundo hay 420 millones de niños y niñas viviendo en zonas de conflicto, la cifra más alta de los últimos 20 años. Además, en las guerras actuales mueren más niños y niñas que soldados. Por cada soldado muerto en combate, cinco menores son asesinados.

Es necesario exigir a los líderes mundiales que tomen medidas contra grupos armados, fuerzas militares y Estados que incumplen las leyes y tratados internacionales que les obligan a proteger a la infancia. 30 años después de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño son muchas las organizaciones que trabajan para que se apliquen sus principios y para que todos los niños y niñas disfruten de la mayor garantía para un presente alentador. La mejora de las condiciones de vida en la que crecen los niños, las niñas y los adolescentes es un reto que nos compromete a toda la ciudadanía.

Recordar también la situación a la que se enfrentan de criminalización, actitudes o creencias desfavorables los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Estos han tenido que huir de situaciones de violencia, precariedad y pobreza en sus países de origen y en el nuestro, debemos garantizar el cumplimiento de sus derechos. Así como concienciar a la población e informar a nuestros representantes políticos y medios de comunicación de que no se criminalice a estos niños y niñas y se les siga castigando.

Por todo esto, los niños y las niñas de todo el mundo tienen derecho a:

1. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad.
2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres.
3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
4. Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas.
5. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad.
6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la sociedad.
7. Derecho a una educación gratuita y derecho a divertirse y jugar.
8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.
9. Derecho a ser protegido contra el abandono y trabajo infantil
10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo.

El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices  (Oscar Wilde)

La pandemia silenciosa, los ultraprocesados

La pandemia silenciosa, los ultraprocesados

Sofía Pérez-Calahorra

12 noviembre 2024

Un problema de salud pública

El aumento constante de las enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, enfermedad del hígado graso, hipertensión, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer incluso la demencia, son uno de los problemas de salud pública más graves a lo que la sociedad se enfrenta. Tal es la crisis a la que nos enfrentamos, que estas ENT son causantes de 70 % de las muertes a nivel mundial.

Muchos pensarán en la obesidad, como causa primaria de estas enfermedades no transmisibles. En parte, se podría decir que es así. Aunque la prevalencia de obesidad y diabetes están relacionadas, no son del todo coincidentes. Esto se justificaría con la existencia de poblaciones que son obesas sin ser diabéticas (Islandia o Mongolia), o países que son diabéticos sin ser obesos (Pakistán o China). Por otro lado, una proporción de personas con obesidad, son metabólicamente sanas y tienen una esperanza de vida normal; mientras que casi un 50 % de las personas con un peso normal tienen alteraciones metabólicas como diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y enfermedad cardiovascular. Por este motivo, la obesidad y en concreto la excesiva adiposidad acumulada, se considere un marcador de los mecanismos alterados de estas enfermedades no transmisibles, pero no causa directa.

 

Y entonces, ¿Cuál es una de las causas de esta pandemia?

Es indiscutible el papel de la dieta occidentalizada en esta pandemia. La dieta occidentalizada o Western diet se caracteriza por un consumo elevado de alimentos ultra-procesados (formulaciones industriales que normalmente tienen 5 o más ingredientes), poco saludables, con una ingesta excesiva de calorías y, en especial, una mala calidad nutricional. A este escenario, se suma la cantidad como la calidad de alimentos como causa prioritaria de estas enfermedades. Y, por tanto, nos preguntamos ¿Es la cantidad o es la calidad la causa?

A finales de la segunda guerra mundial, desde 1945, la industrialización alimentaria con la finalidad de mejorar la higiene y seguridad de los alimentos, condujo a su vez al avance tecnológico en la producción de alimentos como conocemos actualmente y, sin saberlo fue el inicio hacía esta pandemia silenciosa.

El hecho de que personas jóvenes con peso normal, incluso por primera vez niños y adolescentes puedan contraer enfermedades no trasmisibles plantea la hipótesis de que esta pandemia se debe a una exposición, más que una conducta, y que la cantidad de alimentos no es la causa. Por el contrario, y seguramente amparado a los intereses económicos, la industria alimentaria continúa argumentando que la causa es la cantidad, no la calidad de los alimentos. Pero este argumento necesita una explicación.

La cantidad de lo que se come, únicamente es responsabilidad individual y lo decide la persona; si bien es correcto, la cantidad mantenida en el tiempo, puede generar obesidad. Pero la calidad solamente la determinan los fabricantes, siendo realmente una cuestión de salud pública.

 

¿Qué pasaría sí la calidad altera la cantidad?  ¿La calidad impulsa la adicción a consumir estos alimentos?

Ante estas cuestiones, la literatura indica como los alimentos característicos de una dieta occidentalizada, es decir ultra-procesados, impulsan a su vez a un consumo excesivo de estos, además de ser alimentos de mala calidad. Esto se produce por interacciones fisiológicas y neuroanatómicas asociadas al acumulo de grasa corporal y a la alteración de las vías de recompensa cerebrales, aumentando la tolerancia y la necesidad de consumir mayores cantidades.

Es posible, que al consumir componentes específicos presentes en la comida rápida y en los alimentos procesados, por ejemplo, la fructosa o azúcares añadidos, son adictivos de una manera similar a la adicción que se produce por la cocaína y la heroína (se desensibilizan los receptores de dopamina en el cerebro).

El problema se agudiza cuando el azúcar añadido lo encontramos presente en más del 70 % de los alimentos disponibles en los supermercados, lo que dificulta que no sea consumido. Además, se utilizan más de 200 nombres diferentes para indicar el azúcar en el etiquetado, lo que dificulta su identificación por los consumidores. Pero lo relevante, es como los azúcares añadidos son el componente predominante, insidioso y dañino de los alimentos ultra-procesados, lo que realmente favorece el riesgo de ENT.

 

¿Qué sucede si consumimos diariamente azúcares añadidos?

Diferentes estudios epidemiológicos han demostrado una importante correlación entre el consumo diario de azúcar y la prevalencia de diabetes tipo 2 y otras enfermedades, incluso después de controlar la ingesta calorías y la obesidad, lo que nos indica que la calidad es más importante que la cantidad.

La diabetes tipo 2 ha sido investigada en diferentes países a través de un metaanálisis, y se mostró que el aumento del 10 % en la ingesta de alimentos ultra-procesados en la alimentación se asoció con un 15% mayor riesgo de diabetes tipo 2. Otro metaanálisis concluyó como una mayor ingesta de alimentos ultra-procesados se asoció con un 29% más de riesgo de incidencia y mortalidad por enfermedades cardiovasculares y un 34% más del riesgo de incidencia y mortalidad por enfermedad cerebrovascular.

Otro azúcar predominante en los ultra-procesados, la fructosa, lo que favorece su consumo excesivo, se sabe que este azúcar genera estrés, toxicidad y y produce importantes cantidades de radicales libres, daña las proteínas y las células en el organismo, acelerando el proceso de envejecimiento prematura y el desarrollo de enfermedades metabólicas.

En definitiva, los ultra-procesados y, en particular, los azucares añadidos, representan la causa y son una amenaza para las personas que los consumen. Bien por desconocimiento o porque ya son adictos a consumir diariamente este tipo de alimentos, el riesgo de enfermar es muy alto. Además, no podemos obviar como profesionales sanitarios preocupados en el bienestar de las personas los aspectos que agravan la situación. La industria alimentaria lo sabe y la no maleficencia de añadir azucares a más y más alimentos, no parece recaer en la mejora de la palatabilidad, sino que posiblemente percibe como una estrategia para vender más, sin atender al daño. Es aquí donde las medidas y políticas sanitarias incluso comerciales deberían redefinirse y legalizarse desde otra perspectiva. El objetivo, es parar esta debacle en términos económicos y de salud con mayor esperanza y calidad de vida.

 

 

Alfabetización mediática e informacional: Un paradigma insuficiente para combatir la desinformación en salud

Alfabetización mediática e informacional: Un paradigma insuficiente para combatir la desinformación en salud

Pedro Satústegui

24 octubre 2024

Las informaciones relacionadas con la salud siempre han sido elementos noticiosos de gran interés social. No obstante, a partir de la pandemia producida por el último coronavirus humano, estos contenidos han experimentado un notable incremento contribuyendo, de manera significativa, a la desinformación estructural que impregna y caracteriza la sociedad digital del siglo XXI.

Un maremágnum de informaciones erróneas o incompletas, cuando no manifiestamente falsas o manipuladas, constituye la indiscutible realidad del sistema mediático actual –tanto a nivel nacional como internacional–. En él, los viejos y los nuevos medios se entremezclan y conviven para modular las esferas públicas y los ámbitos privados e íntimos de la ciudadanía.

Según la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados la desinformación puede adoptar infinitas formas, utilizando narrativas híbridas que combinan contenidos veraces y falsos, para adaptarse a los diversos contextos y generar falsas creencias, confusión o desconfianza en la población. Todo ello con una clara finalidad: la manipulación y/o la búsqueda del rédito económico. Entre los principales temas que son objeto de la desinformación se encuentran la política, los procesos electorales, los desafíos sociales (como la inmigración) o la salud.

En este último ámbito, marcado por su singularidad, la mayor parte de la población encuentra verdaderas dificultades para discernir los contenidos veraces de las informaciones erróneas o manifiestamente falsas relacionadas con la salud. De esta manera, la desinformación en salud incrementa la vulnerabilidad del conjunto de la sociedad, al incidir de manera directa sobre el riesgo de enfermar o morir que tienen las personas.

Instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Europea o, en España, la Proposición de Ley Orgánica de garantía del derecho a la información veraz y lucha contra la desinformación, han incidido en la importancia de establecer una estrategia integral para combatir la desinformación. En este sentido y, con mayor o menor acierto, se ha señalado la necesidad de incluir medidas regulatorias, la cooperación entre instituciones públicas y privadas o la promoción de la alfabetización mediática y digital entre la población.

La alfabetización mediática en salud hace referencia al desarrollo de habilidades que priorizan el pensamiento crítico en el análisis de los mensajes de salud, permitiendo comprender, analizar y utilizar, de manera adecuada, la información relacionada con la salud que difunden los medios de comunicación social. Sin embargo, este encuadre parece olvidar que, el modelo comunicativo imperante en la sociedad Red, se sustenta en la interrelación de los bienes comunes, la colaboración ciudadana y la globalización en positivo.

A partir de esta propuesta y, en la celebración de la Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional (24 al 31 de octubre) propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, el Observatorio Contra la Desinformación en Salud (OCODES) defiende que, la información relacionada con la salud, constituye un bien común –y no público o gubernamental–. Desde este paradigma, la salvaguarda de la veracidad de los mensajes mediáticos relacionados con la salud corresponde al conjunto de la ciudadanía, que debe implicarse activamente para asegurar la calidad de las informaciones.

Para hacer posible esta visión, OCODES ha creado un espacio seguro y abierto a todas y todos. Una esfera pública, digital e igualitaria, en la que construir salud en comunidad mediante el diálogo y el debate. Desde estas líneas, permítanme invitarles a un espacio que gravita en torno a la web y a las redes sociales de OCODES en X, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a un lugar que aspira a dinamizar la participación ciudadana y crear redes de conocimiento que permitan decidir, de manera informada y libre, sobre aquellas cuestiones relacionadas con la salud y los autocuidados.