Las agresiones laborales a profesionales de la salud son un problema creciente que tiene consecuencias nefastas para las víctimas, tanto a nivel físico como psicológico. Sin embargo, a pesar de su gravedad, muchas de estas agresiones nunca llegan a ser declaradas.

¿Por qué no se declaran todas las agresiones laborales que sufre el personal sanitario? 

Uno de los principales motivos es la extendida percepción del personal sanitario de que realizar la declaración de la agresión recibida no sirve para nada, no traerá consecuencias para la persona agresora ni mejorará su seguridad en el trabajo. La falta de respuesta por parte de las instituciones refuerza esta percepción. Además, el miedo a posibles represalias supone también un importante elemento disuasorio para realizar la declaración.

Otro factor es la normalización de algunos comportamientos agresivos. La conciencia de trabajar en un ambiente en el que se generan situaciones muy críticas o dolorosas facilita que algunos episodios violentos, especialmente relacionados con las agresiones verbales sean considerados “una parte desagradable del trabajo”.

Las barreras burocráticas también juegan un papel importante. Los procesos de declaración no siempre son ágiles y sencillos, lo que desanima al personal sanitario a usarlos. Si apenas tienen tiempo para atender a los pacientes, ¿cómo van a dedicarlo a trámites administrativos largos y complicados?

A esto se suma que en algunas instituciones ni siquiera existe un método específico para realizar la declaración o que, si existe, este no se conoce por las personas que trabajan en ella.

La falta de información sobre qué se considera una agresión laboral, principalmente en el caso de las agresiones verbales es otro de los motivos que esgrimen las víctimas. Las definiciones pueden ser ambiguas y en muchas situaciones las víctimas dudan si lo que han sufrido es declarable. Esto no es baladí, ya que las agresiones laborales verbales son las más comunes y las más invisibilizadas.

¿Cuáles son las implicaciones de no declarar?

Las consecuencias de la infradeclaración de agresiones en el ámbito laboral son alarmantes. La exposición a este fenómeno, además de las lesiones directas que puede provocar, genera estrés, ansiedad y agotamiento en los y las profesionales, colaborando de forma muy activa en el desarrollo del síndrome del quemado o burnout.  Asimismo, interfiere en la calidad del servicio que prestan, con un aumento de conductas defensivas. El miedo y la inseguridad en el entorno laboral también pueden influir incluso en el abandono de la profesión, presentando una menor adherencia al puesto de trabajo.

No declarar estas situaciones implica que las cifras oficiales no reflejan la realidad, opacando su trascendencia y dificultando que este fenómeno adquiera la prioridad política que debería tener. Además, si no se conoce lo que ocurre y de la forma en la que se materializa, difícilmente pueden implementarse herramientas efectivas para la lucha contra estos eventos. La recopilación de datos precisos facilitará la creación de estrategias preventivas y permitirá adaptar las políticas de seguridad laboral a las necesidades del personal sanitario. Invertir en esto no solo beneficia a quienes trabajan en el sector, sino que también mejora la calidad de la atención sanitaria y refuerza la confianza de los pacientes en el sistema de salud. Visibilizar este problema es el primer paso para encontrar soluciones.

¿Qué se puede hacer?

Para mejorar esta situación, es fundamental que las instituciones faciliten la declaración de agresiones mediante procesos simples y rápidos. También es clave ofrecer apoyo y protección a quienes se atrevan a denunciar, evitando que teman represalias. La formación en identificación y reporte de agresiones ayudaría a que el personal sanitario reconozca cuándo han sido víctimas de una agresión y sepan qué pasos seguir. Adicionalmente, se deben realizar campañas de sensibilización para dejar claro que la violencia no es una parte aceptable del trabajo en el sector salud.

En definitiva, el compromiso con la seguridad y el bienestar del personal sanitario debe ser una prioridad para garantizar un sistema sanitario más justo y eficiente.

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Nuestra sociedad se halla sujeta a múltiples condicionantes, entre los que destaca el sistema sexo-género. Un sistema jerárquico que, según la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Sanidad, genera desigualdades injustas, sistemáticas y evitables, que acaban impactando en la salud de los colectivos más vulnerables.

A pesar de los cambios y las transformaciones sociales, las desigualdades persisten, lo que hace necesario adoptar nuevos paradigmas, como el enfoque interseccional de género en salud. Este enfoque se centra en cómo interactúa el género con otros factores, como el nivel socioeconómico, la educación o el origen étnico, permitiendo comprender cómo las desigualdades se acumulan y afectan de manera única a la salud de cada persona, tal y como plantea Ariadna Graells en un artículo publicado en 2025.

Desde esta perspectiva es posible reconocer las lagunas que aún existen a la hora de comprender mejor la salud de las personas a las que cuidamos. Por ejemplo, el desconocimiento del impacto en la salud de las identidades de género no normativas, debido al estigma, la opresión y las situaciones de tránsito que viven, así como de las formas específicas de manejar los autocuidados que generan estas experiencias. En este sentido, autoras como Ellinor Tengelin o Elisabeth Dahlborg-Lyckhage destacan que ser conscientes de las propias preconcepciones relacionadas con los pensamientos normativos y sus consecuencias, puede ayudar a las y los profesionales de salud a proveer cuidados de alta calidad, también con personas que no cumplen con las normas sociales dominantes.

Otro ámbito en el que este marco aporta una visión central es el de la atención a la salud mental. Las desigualdades sociales atesoradas en el sistema patriarcal son claros ejemplos de cómo la opresión y las desigualdades actúan de forma interseccional, especialmente en lo relativo a la salud mental de las mujeres. Factores como las diferencias a nivel económico y laboral, la asunción de los cuidados, la presión estética y la violencia estructural desempeñan un papel clave en el entendimiento de este fenómeno.

En este contexto, numerosos estudios han demostrado que la depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, el malestar y la fatiga o el abuso, la negligencia u otros malos tratos están influidas por las desigualdades de género que interactúan con los determinantes sociales.

En concreto, en un estudio realizado en el sur de Cataluña, se obtuvo una prevalencia de 18,75% de problemas de salud mental con especial influencia psicosocial. El número total de habitantes con estos diagnósticos ascendía a 33.680 de los cuales el 64.6% eran mujeres y eran estas las que más probabilidad tenían de sufrir estos problemas. La prevalencia obtenida de personas diagnosticadas en el territorio estudiado fue del 24,4% para mujeres, frente al 13,1% de hombres. Estas cifras son similares a las que se han observado en otras regiones de España a lo largo de los años, lo que confirma que este es un problema estructural y no un hecho aislado.

En definitiva, el impacto que los contextos sociales, culturales y políticos tienen sobre la salud de quienes se ven envueltos en ella es evidente y se hace imprescindible ahondar en su comprensión, desde un enfoque interseccional de género, para promocionar políticas equitativas y programas de prevención y atención a la salud mental realistas y efectivos.

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Sería incomprensible que las grandes tabacaleras llamaran a la población general a consumir tabaco bajo el lema Fumar es parcialmente saludable. Sería de nuevo habitual que aquel inhalar de humo, años después de superarlo, se volviera a vender como la seducción y el atractivo al que las películas de gánster nos tenían acostumbradas.

Sería incomprensible que las grandes empresas de alcohol llamaran a la población general a consumir sus productos bajo el lema Beber es algo saludable. Sería cuanto menos extraño que aquella copa en mano tintineante, años después de superarlo, se volviera a vender como el poder y el descontrol de las escenas más ochenteras.

Sería y es incomprensible que, como droga legal, el juego y las apuestas, público y privado, hayan quedado fuera del combo de lo irreal, de lo irracional y de lo sumamente poco común para la población general. Arrasa todavía lo de Juega responsablemente, juega bien. Hoy, la certeza es que nadie puede jugar responsablemente ni apostar de manera segura, por mucho que se empeñen quienes intentan llenarse sus bolsillos con la salud de otras personas. Del mismo modo que no es saludable para nadie una copita de vino, un vermú cada mañana, un purito en las bodas o un cigarro al terminar; el rasca, la máquina o la ruleta no son más que un ‘sacapastas’, un ‘sacavidas’ y un ‘arruinasalud’.

Sería y es incomprensible educar a los menores a fumar y beber para que de adultos pudieran desarrollar su vida como fumadores y bebedores acostumbrados a tal práctica. Cuestión acomodada lo está siendo en las apuestas donde mediante tácticas de poco control y de ‘quitarle hierro al asunto’, de cajas botín y sus variantes, las empresas educan a menores eliminando la barrera entre el deporte y el juego de apuestas, entre las máquinas y el ocio para así cuando esta población, ahora cambiante, en formación, en desarrollo, cuando alcance la mayoría de edad crea, piense y considere que su tiempo libre encuentra, erróneamente, su vida enganchada en una pantalla con beneficios que solo les llevará a dejarse su dinero, su vida social, su educación y, con todo ello, su salud mental.

En Aragón, durante el año 2023, las cantidades apostadas ascienden a 54.343.744,96 € siendo el beneficio empresarial superior a los 11,6 millones de euros. Solo el Sector del juego aragonés debe pagar 46 millones de euros al año en impuestos, cifras que reflejan la magnitud de sus ganancias a costa de generar un problema de salud pública como es el trastorno de juego.

Ante todos estos macrodatos que pueden encontrarse desagregados en los Informes pertinentes de las Instituciones públicas, cabe señalar el aumento, algo positivo, del Registro de Personas Autoprohibidas al Juego (REJUP) que actúa como necesario parche ante una industria depredadora de la salud de la población. En un sistema que prioriza el lucro por encima del bienestar de las personas, la autoprohibición se presenta como una solución parcial a un problema estructural de salud pública. Esta herramienta necesaria, pertinente, que logra limitar el propio acceso de quienes sufren tal adicción a los locales de apuestas, refleja la gravedad de un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a las clases populares y a quienes ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Aunque el registro es útil para quienes buscan romper con la adicción, no deja de ser una respuesta insuficiente frente a una industria diseñada para explotar las debilidades humanas y maximizar, como muestran año a año, sus ganancias. La existencia misma del REJUP es un síntoma de un Estado que ha delegado la protección de las personas en medidas individuales, mientras permite que las empresas del juego y las apuestas sigan expandiéndose sin freno, sobre todo en barrios populares, en las habitaciones de adolescentes o en las vidas de adultos en soledad. Este parche no aborda las causas profundas de lo que comúnmente conocemos como ludopatía, que radican en la falta de regulación, la omnipresente publicidad del juego pese a los avances legislativos y la precariedad económica que empuja a muchos a buscar soluciones desesperadas. Combatir la adicción con el juego y las apuestas requiere voluntad política y social: desde limitar drásticamente la presencia de estos locales hasta prohibir su publicidad y ofrecer alternativas reales de ocio y divertimento en cada ciudad, en cada pueblo. La autoprohibición es un acto valiente de quienes buscan salvarse de aquellas garras de la industria del juego y las apuestas, pero no debería ser el único recurso en una sociedad que se dice justa ante un arca económica para unos pocos irresponsables e insegura para el resto.

El juego, y las apuestas, no es ni seguro ni responsable, supone un problema de salud pública, se arranca como mecanismo de vía de escape para las dificultades a las que la sociedad actual se enfrenta, desde la incertidumbre emancipadora de jóvenes y no tan jóvenes. Solo queda la vía de lo social, la red de apoyo, la desestigmatización de la salud mental desde la rutina hasta lo institucional, el posicionar al individuo en el centro, el dejar de salvar a empresarios, sectores y ‘chupópteros’ de la salud para, con todas las herramientas, medios y leyes poner siempre, de una vez por todas, de forma segura y responsable la salud.

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