Con ocasión del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que se celebra anualmente el 3 de diciembre, el Observatorio Contra la Desinformación en Salud (OCODES) desea contribuir con el siguiente artículo que analiza cómo el término discapacidad perpetúa el estigma y la exclusión social partiendo del modelo biomédico tradicional que pone su énfasis en el déficit y sugiere la adopción del concepto de diversidad funcional como alternativa inclusiva y emancipadora. Por otro lado, se exploran algunos datos relativos a la situación de las personas con diversidad funcional en las universidades españolas haciendo hincapié en el camino que todavía queda por recorrer para la plena inclusión de este colectivo.

De la discapacidad a la diversidad funcional

El término discapacidad carga con un historial de exclusión y marginalización. Tal y como se señala en el artículo ‘La discapacidad como falacia diagnóstica’, la raíz ‘dis’, inherente a su construcción, remite a lo deficiente o incapaz, estableciendo una relación dicotómica entre normalidad y anormalidad. Este modelo, basado en un enfoque biomédico, clasifica a las personas según un estándar rígido de funcionalidad y contribuye a una visión reduccionista que patologiza las diferencias. Así, la discapacidad no solo describe una condición física o cognitiva, sino que funciona como una etiqueta que condiciona la identidad y limita las oportunidades de quienes la portan. Desde este enfoque, el problema principal radica en cómo la sociedad estructura las barreras, tanto físicas como actitudinales, que agravan la exclusión. Este constructo social, reforzado históricamente por el capitalismo, define a las personas en función de su capacidad productiva, relegando a quienes no cumplen estos estándares a los márgenes de la sociedad​.

El concepto de diversidad funcional surge en 2005 en España como una propuesta del Foro de Vida Independiente (FVI). Este movimiento, inspirado en la Filosofía de Vida Independiente, rechaza las definiciones en negativo, como «discapacidad» o «minusvalía», y propone un enfoque centrado en las capacidades y derechos de las personas. Según un artículo publicado en 2010 por la Revista Internacional de Sociología, este modelo reivindica el respeto por la dignidad humana como parte de la diversidad inherente a nuestra sociedad, en la que las diferencias deben valorarse como una riqueza y no como un problema que requiere corrección.

La diversidad funcional abandona la patologización y promueve una visión que reconoce a las personas como sujetos activos, capaces de tomar decisiones y participar plenamente en la vida colectiva. Este enfoque está alineado con un paradigma emancipador, que pone en el centro los derechos humanos y la inclusión social.

A pesar de su potencial transformador, el término diversidad funcional enfrenta desafíos significativos. Esta noción no logra desvincularse completamente de las estructuras de poder que perpetúan la normalización y la exclusión. Por ejemplo, aunque el modelo intenta alejarse de la influencia biomédica, sigue dependiendo de sistemas sociales que imponen estándares de funcionalidad. Además, el concepto presenta el riesgo de invisibilizar las necesidades concretas y heterogéneas del colectivo. Cada persona con diversidad funcional vive una realidad única, influenciada por su contexto social, económico y cultural. Por ello, es fundamental evitar una homogenización que reduzca las experiencias individuales a una categoría abstracta que no contemplan la historia vital y su contexto sociocultural.

Diversidad en la Educación Superior en España

El ‘VI Estudio sobre la inclusión de Personas con Discapacidad en el Sistema Universitario Español (2021-2022)’ publicado por Universia destaca que en España el número de estudiantes con discapacidad en universidades aumentó de 8.230 a 22.156 entre los años 2008 y 2022. Esto supone el 1,6% del alumnado universitario total, con un 51,9% en modalidad presencial y un 48,1% a distancia. Las universidades públicas albergan al 86,3% de este alumnado. Las discapacidades físicas son las más comunes (34,1%), seguidas de la discapacidad intelectual (13,3%) y la sensorial (10,9%). Concretamente, en la Universidad de Zaragoza, según los últimos datos aportados por la Oficina Universitaria de Atención a la Universidad (OUAD), fueron 252 las personas con diversidad funcional matriculadas en el año 2022.

Según el informe de Universia, en España, las universidades han implementado importantes medidas para mejorar la inclusión de las personas con diversidad funcional. La mayoría (96,5%) cuenta con servicios de atención específicos, que ofrecen adaptaciones en el puesto de estudio, tutorización y seguimiento académico, y asesoramiento psicoeducativo. También se desarrollan programas de asistencia personal en el 56,4% de las universidades. En accesibilidad, el 86% de las universidades evalúa sus instalaciones físicas y digitales, y el 45,6% tiene planes específicos para garantizar el acceso universal. Además, el 61,4% ofrece becas y ayudas económicas específicas. En formación, el 22,8% de las universidades incluye temas de discapacidad en sus programas, mientras que el 85% desarrolla proyectos de investigación en este ámbito. Sin embargo, solo el 22,8% asegura la representación de personas con discapacidad en sus órganos de gobierno, un aspecto crucial para la inclusión.

Por último, más del 50% de los estudiantes utilizan los servicios de atención específicos y destacan su impacto positivo en la eliminación de barreras académicas y sociales. No obstante, aunque estas medidas han mejorado la percepción de inclusión, con un 82% de estudiantes sin experiencias de discriminación, aún persisten barreras, como la falta de accesibilidad y las dificultades para acceder a adaptaciones curriculares, Además, el 60,6% percibe dificultades para encontrar empleo en comparación con sus compañeros sin discapacidad.

En definitiva …

Transitar del término discapacidad al de diversidad funcional es un paso hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa con las diferencias. Sin embargo, este cambio semántico debe ir acompañado de transformaciones estructurales profundas que eliminen las barreras materiales y culturales que perpetúan la exclusión.

Las universidades, como instituciones fundamentales para el desarrollo social, deben apostar por este proceso y, aunque las medidas actuales han sido clave, el esfuerzo que los estudiantes deben realizar para superar barreras demuestra que la igualdad de oportunidades aún no se ha logrado plenamente. El horizonte es avanzar hacia universidades tan accesibles que los apoyos específicos sean innecesarios. En este sentido, desde OCODES, pensamos que la clave está en reconocer que todas las personas tienen derecho a ser valoradas por lo que son, más allá de etiquetas que limiten su potencial.

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¿Y si no es tal la controversia?, si se plantea esta dicotomía se persiste en categorías excluyentes y no en un continuum, que la experiencia nos muestra, de síntomas y emociones que manifestamos las personas, en función de múltiples determinantes, tanto externos como internos, tanto de nuestra psique como de nuestra biología.

El crear y nombrar categorías obedece más al positivismo, al tratar la enfermedad mental como otras patologías orgánicas, que aparecen bien definidas y a las que corresponde un tratamiento, farmacológico las más de las veces, que no da pie a discusión alguna.

El gran esfuerzo investigador que ha hecho en las últimas décadas la industria farmacéutica ha sido monetizado extendiendo sus indicaciones más allá de la evidencia, con una inflación de tratamientos con psicofármacos de circunstancias asimiladas al malestar emocional y las que no se les busca otras estrategias terapéuticas.

También las administraciones sanitarias han invertido en salud mental, aunque más bien debería decirse en enfermedad mental, ya que el esfuerzo económico persiste en reforzar profesionales y recursos para ingresos y tratamientos, es decir, un discurso único de que faltan profesionales de la psiquiatría, de la psicología clínica, de la enfermería especialista en salud mental y, en menor medida, del trabajo social y de la terapia ocupacional, por este orden y sin nombrar otras categorías profesionales que tienen mucho que decir en diferentes abordajes de los malestares y enfermedades mentales.

Es decir, seguimos tozudamente optando por desarrollos que se han visto ineficaces, cuando no iatrogénicos, y son anecdóticas las experiencias que planifican pensando en la prevención, en la búsqueda del bienestar emocional a partir de trabajar sobre los determinantes sociales y políticas de reducción de la desigualdad.

La salud mental y el bienestar emocional, se juega mucho antes de que se precise un diagnóstico y un tratamiento, ahí es donde se deben hacer intervenciones importantes. Por supuesto que hay patologías graves, y que son mejoradas con tratamientos farmacológicos, pero estos no se benefician de una hiper utilización de los mismos, y por supuesto no excluyen otros abordajes ni a otros profesionales no prescriptores.

Mantenerse en políticas de consulta externa y camas de hospitalización es anacrónico e ineficaz, a la vez que quita el foco de la intervención preventiva, lo cual es muy grave, cuando la evidencia (esa a la que tanto hacen referencia los profesionales más biologicistas) nos dice de la importancia de la actividad física y el deporte, de las redes de apoyo, de políticas de integración social, entre otras estrategias, para conseguir una sociedad con mayor bienestar emocional y que acompañe y acoja mejor a personas con enfermedad mental.

Este cuestionamiento deja entrever que se deben realizar múltiples debates en este momento histórico, en el que tenemos la mayor inversión en salud mental, el mayor número de profesionales trabajando en recursos y, según parece, la peor salud mental en nuestra sociedad. Esta paradoja, nos debería lanzar de manera inexcusable hacia ese debate, pero curiosamente, apenas se habla de esto y se persiste en lo que no ha dado resultado.

Hay que debatir sobre el modelo asistencial, cómo se diseñan y dotan los recursos que tenemos, ¿son adecuados los lugares de ingreso en los hospitales generales?, ¿cómo es el paso por urgencias de personas en crisis?, ¿hay una atención comunitaria?, ¿cómo se conectan los diferentes ámbitos asistenciales?, ¿y cómo se conecta lo sanitario, con lo social, lo educativo, lo judicial, etc.?, ¿hay un trabajo en red?, ¿se interviene sobre desigualdades, sobre determinantes sociales?, ¿se facilita el ejercicio físico y el deporte?, ¿se promociona el mismo como respuesta a malestares emocionales?, ¿se promueven las redes de apoyo mutuo?, ¿se contempla la participación del usuario en sus procesos asistenciales?

Si en lugar de estas preguntas seguimos enredados en la falta de profesionales para intentar hacer más de lo mismo… perderemos oportunidades históricas de aprovechar la preocupación que hay por el asunto de la salud mental en la sociedad y en sus mandatarios.

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