La mutilación genital femenina (MGF) se define como toda práctica que consiste en la alteración o daño a los órganos genitales femeninos por razones no médicas, generalmente por motivos culturales o tradicionales, y sin ningún beneficio para la salud de la persona afectada. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoce como una violación de los derechos humanos, la integridad física y la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, siendo considerada una forma extrema de discriminación por género.

A nivel mundial, se estima que más de 200 millones de mujeres y niñas vivas han sufrido mutilación genital femenina. Esta práctica tiene sus raíces en ritos ancestrales y se concentra principalmente en 30 países del África Subsahariana, algunas zonas de Oriente Medio (Yemen e Irak) y Asía (Indonesia, Malasia, India). Los países con mayor prevalencia a nivel mundial son Somalia, Guinea, Egipto, Eritrea, Mali, Sierra Leona y Sudán. Actualmente la MGF se considera un desafío global debido a los movimientos migratorios documentando casos y poblaciones en riesgo en países como España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá y Australia.

Tipos de Mutilación genital femenina

Según la OMS se han establecido cuatro tipos de MGF:  Tipo I: Resección parcial o total de clítoris y/o prepucio (Clitoridectomía); Tipo II: Resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores; Tipo III: Estrechamiento de la abertura vaginal con la creación de un sello mediante corte y recolocación de los labios menores y mayores, con o sin escisión del clítoris; Tipo IV: Todos los demás procedimientos lesivos de los genitales femeninos con fines no médicos, tales como la punción, perforación, incisión, raspado o cauterización.

La MGF no solo implica un trauma físico inmediato (dolor intenso, hemorragias, infecciones y riesgo vital), también secuelas a largo plazo como problemas urinarios, dolor crónico, disfunción sexual, complicaciones durante el parto y traumas psicológicos y emocionales persistentes. En España, existen casos de mujeres que han buscado cirugías reconstructivas genitales para reparar el daño sufrido durante la MGF realizada en sus países de origen, lo que subraya la gravedad de las secuelas y la necesidad de una atención integral.

La importancia de la información y la prevención

Desde al año 2003, España tipifica la MGF como delito de lesiones en el Código Penal (artículo 149.2), castigando la realización de esta práctica con penas de prisión de 6 a 12 años. Si la víctima es menor, se puede imponer la inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años. La legislación española reconoce la MGF como una forma de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos humanos en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del menor.

La ley española contempla que la realización de la MGF fuera de España, pero con autores que se encuentran residiendo en territorio español puede ser perseguida por los tribunales españoles, lo que incluye viajes familiares a países de origen.

Además del Código Penal, Ley Orgánica de Protección Jurídica del menor obliga a los profesionales y servicios a informar y actuar ante riesgos de daño grave para la salud o integridad de los menores, incluidos los relacionados con la MGF.

Se sabe que los principales factores asociados al riesgo de MGF incluyen: a) Origen cultural o familiar de comunidades donde se practica la MGF; b) Viajes a países de origen donde la práctica está arraigada culturalmente; c) Falta de educación o conocimiento de los riesgos y las leyes que los prohíben.

Las autoridades sanitarias, educativas o sociales cuentan con protocolos de seguimiento y sistemas de vigilancia para identificar situaciones de riesgo, informar y poder actuar en coordinación con el servicio jurídico y policial.

Algunos pilares fundamentales para erradicar la MGF son:

Programas formativos para profesionales de la salud, educación y servicios sociales.

Sensibilización de las comunidades migrantes sobre los derechos de las niñas y los riesgos de esta práctica. Trabajar con agentes de mediación intercultural dentro de las propias comunidades para fomentar el abandono de la práctica desde el respeto cultural y el diálogo.

Informar a las familias del marco legal en España.

Compromiso preventivo: Es una herramienta clave donde las familias firman un documento que certifica que la niña está intacta antes de un viaje al extranjero, generalmente a su país de origen. Este documento sirve de apoyo a los padres para resistir a las presiones familiares en sus países de origen.

La prevención en España se basa en un enfoque multidisciplinar que implica al sistema sanitario, educación y a los servicios sociales. Es esencial la formación y capacitación de pediatras y docentes que puedan realizar prevención primaria basada en la confianza y empatía, y no solo en la criminalización. En España, aunque no es una práctica endémica, miles de niñas están en riesgo por su origen cultural y familiar, lo que obliga a acciones coordinadas de vigilancia, educación, prevención y atención. El marco legal español es claro, pero la prevención eficaz depende de la formación profesional, la educación comunitaria y el compromiso social para proteger a las niñas y conseguir erradicar la MGF.

Información, concienciación y prevención: Debemos luchar por conseguir un mundo sin mutilación genital femenina.

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La importancia de hablar de sexualidad tras el parto

La salud sexual forma parte esencial del bienestar físico, emocional y social de las mujeres. Sin embargo, tras el parto, este aspecto suele quedar relegado ante otras prioridades asistenciales. La recuperación posparto no solo implica la involución uterina o la cicatrización de heridas, sino también la adaptación emocional y sexual a una nueva etapa vital. La evidencia científica muestra que alrededor del 35% de las mujeres experimenta dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales) después del parto, y en un 22% los síntomas persisten hasta el año. Estas cifras reflejan la magnitud de un problema que con frecuencia pasa inadvertido en las consultas de atención primaria y ginecología.

Cambios físicos, emocionales y relacionales

Durante el puerperio, el cuerpo femenino atraviesa modificaciones que pueden repercutir directamente en la sexualidad:

• Cambios físicos: descenso de estrógenos y progesterona, cicatrización perineal o abdominal, alteraciones del suelo pélvico.
• Cambios emocionales: cansancio, falta de sueño, disminución de autoestima, temor al dolor o a un nuevo embarazo.
• Cambios en la relación de pareja: reajuste de roles, falta de tiempo para la intimidad y cambios en la comunicación afectiva.

Todos estos factores son fisiológicos y adaptativos, pero cuando se prolongan o generan malestar, requieren una valoración clínica.

Factores obstétricos y riesgo de disfunción sexual

Ciertos aspectos del parto y la lactancia pueden incrementar la probabilidad de disfunción sexual:

• Lactancia materna: por el descenso de estrógenos, puede favorecer sequedad vaginal y disminuir el deseo sexual.
• Trauma perineal: los desgarros de tercer y cuarto grado y las episiotomías se asocian a mayor incidencia de dolor en las relaciones.
• Tipo de parto: la cesárea implica una recuperación más lenta y puede afectar la autoimagen; el parto vaginal puede alterar el tono muscular del suelo pélvico.

Las disfunciones sexuales más frecuentes

Las disfunciones sexuales más comunes en el posparto son:

• Deseo sexual hipoactivo: la más prevalente. Tiene un origen multifactorial —biológico, psicológico y relacional— y se ve influido por el cansancio, el estrés y la dinámica de pareja.
• Dispareunia o dolor genitopélvico: puede deberse a cicatrices, sequedad o tensión muscular.
• Disminución de la excitación o dificultad para alcanzar el orgasmo: a menudo secundaria a dolor o desconexión emocional.

El abordaje terapéutico debe ser individualizado, considerando la vivencia subjetiva de la mujer y su contexto vital.

Evaluación y detección precoz en consulta

En la revisión posparto (entre las 6 y 12 semanas), los profesionales sanitarios deberían incluir una pregunta sencilla pero clave: “¿Ha notado cambios o dolor en su vida sexual desde el parto?”. En función de la respuesta, pueden utilizarse herramientas de cribado como el Índice de Función Sexual Femenina (FSFI) o el cuestionario DESEA, además de evaluar el estado emocional con la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS).

Abordaje multidisciplinar y recomendaciones prácticas

La atención a la salud sexual posparto debe integrar a ginecólogos, matronas, fisioterapeutas del suelo pélvico, psicólogos y sexólogos. Algunas recomendaciones clave son:

• No minimizar los síntomas de dolor o falta de deseo.
• Favorecer la comunicación con la pareja y la educación sexual postnatal.
• Ofrecer lubricantes o humectantes en casos de sequedad vaginal.
• Recomendar ejercicios de suelo pélvico y autocuidado físico.
• Derivar a especialistas en casos persistentes o con repercusión emocional.

Lo que no debemos normalizar

No es normal sentir dolor persistente, perder la sensibilidad, ni experimentar rechazo hacia el sexo si antes no ocurría. Tampoco debe asumirse como “normal” la falta total de deseo o placer. Estas manifestaciones son señales de alarma que merecen atención profesional.

Conclusión

Abordar la salud sexual en el posparto es una necesidad sanitaria, no un lujo. Implica mejorar la calidad de vida, prevenir complicaciones físicas y emocionales, y fortalecer el vínculo de pareja. La sexualidad es un reflejo de la salud integral de la mujer, y el posparto, lejos de ser un punto final, debe considerarse una etapa de adaptación, acompañamiento y cuidado.

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El día 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Podría parecer que hay días internacionales de casi todo: ese mismo día también se celebra el de los Ríos, de las Noticias, de la Retinosis Pigmentaria o del Derecho al Acceso Universal a la Información. Pero ¿para qué sirven estas fechas? El objetivo no es llenar el calendario de efemérides, sino dar visibilidad a problemas y realidades que, de otra forma, pasarían inadvertidos. Se trata de generar conversación y conciencia sobre asuntos que afectan a miles de personas.

¿Por qué tiene relevancia, pues, el día de Acción Global por el aborto legal y seguro? ¿Qué pretende hacernos ver? ¿De qué debemos concienciarnos? La relevancia es evidente si miramos las cifras: cada año se dan en el mundo unos 121 millones de embarazos no deseados y, alrededor de 6 de cada 10, terminan en una interrupción voluntaria de la gestación. Estas interrupciones explican, por sí solas, 39.000 muertes anuales y la hospitalización de unos 7 millones de mujeres, debido a complicaciones como hemorragias graves o infecciones.

De manera intuitiva podríamos pensar que, si el aborto se restringiera o se prohibiera, las cifras de interrupciones disminuirían y, con ello, también los riesgos. Pero la evidencia muestra lo contrario: limitar el acceso legal no reduce el número de abortos, aunque sí multiplica sus peligros.

Cuando no existe un centro médico que ofrezca este servicio en condiciones de seguridad, muchas gestantes se ven empujadas a buscar alternativas clandestinas. Clínicas no reguladas, métodos caseros, toma de fármacos sin supervisión médica u otras alternativas, ponen la vida de estas mujeres en grave riesgo.

Tres pilares para reducir el aborto inseguro

Para lograr reducir el aborto no seguro tenemos varios enfoques que se deberían llevar a cabo de manera simultánea:

Acceso real a anticoncepción efectiva. Tal y como comentamos el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes (26 de septiembre), debemos acercar los servicios de salud a las mujeres para lograr prevenir los embarazos no deseados. Este punto es el de mayor impacto: evita llegar a la disyuntiva del aborto y protege tanto la salud física como el bienestar emocional, contando con que, incluso en aquellos lugares en los que el aborto es legal y seguro, esta práctica no está exenta de riesgos.

Legislación que dé opción al aborto legal, garantizando que la mujer pueda llevarlo a cabo en condiciones de seguridad. Dificultan a nivel legal el acceso al aborto, por ejemplo, la consideración del aborto como delito, el establecimiento de periodos de espera obligatorios y la exigencia de autorización por parte de terceras personas, entre otros.

Formación para los profesionales sanitarios que llevan a cabo estas técnicas. Este punto es fundamental para realizar estas intervenciones de manera segura, ética y respetuosa. La calidad de la atención no depende sólo de la técnica, sino también del acompañamiento humano, la confidencialidad y la ausencia de juicios. 

Más allá de los números: empatía y acompañamiento

Las cifras ayudan a dimensionar el problema, pero detrás de cada una existe una historia personal. Cada caso tiene un contexto y unas circunstancias, y rara vez es una decisión sencilla. Por eso, además de marcos legales, métodos anticonceptivos y protocolos médicos, es necesario cultivar una mirada empática.

El estigma social alrededor del aborto añade sufrimiento al proceso y, en ocasiones, disuade a las mujeres de acudir a servicios sanitarios, aumentando los riesgos. Hablar de aborto seguro también significa hablar de respeto, de comprensión y de acompañamiento psicológico y social.

El Día de Acción Global por un aborto legal y seguro no pretende imponer posturas ni abrir debates políticos. Su objetivo esmucho más sencillo: recordar que el aborto inseguro es una de las principales causas evitables de mortalidad materna en el mundo.

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La conmemoración de la lucha contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños el 23 de septiembre surge a raíz de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que se celebró en Dhaka (Bangladesh) en enero de 1999 y está ligado a la promulgación de la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil que data del 23 de septiembre de 1913 en Argentina.

Si bien el fenómeno de la trata de seres humanos viene de largo (no olvidemos que su origen se remonta a la época colonial), su tipificación como delito es más reciente y aún a día de hoy continuamos trabajando en el modo de dimensionar esta realidad tan compleja tal y como demuestra el Macroestudio Trata, Explotación Sexual y Prostitución: una aproximación cuantitativa elaborado por el Ministerio de Igualdad y publicado a finales del año 2024. A pesar de la dificultad de cuantificar este fenómeno, merece la pena mencionar que según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en  el año 2024 en España hubo 256 víctimas de trata con fines de explotación sexual (5 de ellas menores de edad) y 376 víctimas de explotación sexual (11 de ellas menores de edad) según el informe de ese mismo año emitido por dicho organismo.

Trata, tráfico y explotación son conceptos que, si bien pueden en ocasiones tener límites que se desdibujan, es fundamental diferenciar para poder identificar cada una de estas situaciones y cuya complejidad nos ayuda tener una aproximación a la dificultad de abordaje de estos fenómenos.

La confusión entre los términos trata y tráfico probablemente tenga relación con la terminología utilizada en inglés, lengua en la que se hace referencia al tráfico de personas con la palabra “smuggling”, y a la trata de personas con “trafficking” (muy similar al español “tráfico”). En la legislación española, el tráfico de personas está reflejado en la Ley 13/2007 del 19 de noviembre para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas. Algunas de las características del tráfico frente a la trata son que implica necesariamente el cruce de frontera internacionales (la trata de seres humanos se puede producir dentro del territorio de un mismo país), el delito finaliza con el cruce de frontera (mientras que, en el caso de la trata, hay una finalidad de explotación que tiene lugar tras el traslado) y es un delito contra los intereses del estado, no contra los derechos fundamentales de las personas. 

La definición más utilizada cuando hablamos de la trata de seres humanos es la elaborada por Naciones Unidas en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional conocido como Protocolo de Palermo (2000). Este documento nos define la trata del siguiente modo:

“Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.”

Para entender mejor en qué consiste este delito, nos podemos fijar en los elementos fundamentales que lo constituyen que son: una o varias de las acciones (captación, transporte, traslado, acogida y recepción), uno o varios de los medios utilizados (coacción, amenazas, uso de la fuerza, fraude, concesión de pago o beneficios, abuso de situación de vulnerabilidad, engaño, rapto) y uno o varios de los fines de explotación (en sus distintas formas) de los que el Protocolo de Palermo señala:

“Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

La explotación sexual, que como hemos señalado puede ser una de las finalidades de la trata de seres humanos, se produce también sin los elementos previos del delito de trata (captación y traslado). Siguiendo la tipificación del delito de explotación sexual recogido en los artículos 187 y 188 del Código Penal español podemos entender que las víctimas de explotación sexual son aquellas que siendo mayores de edad se han visto determinadas a ejercer o mantenerse en la prostitución a causas de terceros que han empleado violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad o de la situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima. Además, se entenderá siempre que hay explotación cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica o cuando se le impongan para su ejercicio condiciones abusivas o desproporcionadas.

A día de hoy continúa sin salir adelante en España un marco legislativo único para el abordaje integral contra la trata de seres humanos y la explotación sexual, elemento fundamental para poder luchar contra este delito y seguir las últimas Directrices europeas al respecto. El Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos fue aprobado a principios del año 2024, sin haberse producido avances claros desde entonces.

Son reivindicaciones básicas, como así lo han expresado las ONGs y entidades del tercer sector en sus aportaciones al Anteproyecto de la Ley Integral contra la Trata, que los mecanismos de coordinación por parte de las administraciones públicas sean los adecuados para la identificación de las víctimas y que las profesionales expertas en la trata de seres humanos tengan un rol principal en este proceso, así como la formación especializada de todos los agentes implicados. Por último, no debemos olvidar la necesidad de, junto a todo lo anterior, exigir el efectivo cumplimiento del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería para asegurar que las víctimas cuenten realmente con un periodo de restablecimiento y reflexión y que efectivamente puedan acceder a una regularización de su situación administrativa en España sin necesidad de colaborar con las autoridades policiales en la investigación del delito.

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