La violencia de género constituye una de las mayores violaciones de derechos humanos a nivel global. Sin embargo, la experiencia de esta violencia no es uniforme. Para comprender su complejidad y diseñar respuestas efectivas, es imperativo adoptar una perspectiva interseccional, una herramienta analítica que revela cómo las categorías de identidad interconectadas —como la raza, la clase, la orientación sexual, la discapacidad, el origen o el estatus social— crean experiencias únicas y, a menudo, agravadas de opresión.

El término «interseccionalidad» fue acuñado por la jurista y académica Kimberlé Crenshaw en 1989 para describir cómo los sistemas de desigualdad no operan de forma aislada. Crenshaw observó que la legislación y el discurso feminista a menudo se centraban en la experiencia de la mujer blanca de clase media, dejando invisibles las violencias específicas que sufrían las mujeres negras y otras mujeres racializadas, donde la discriminación por género se solapaba inextricablemente con el racismo.

La interseccionalidad nos enseña que una mujer con discapacidad que también es pobre, o una mujer migrante que pertenece a la comunidad LGTBIQ+, no experimenta la violencia como la mera suma de sus características. En cambio, se enfrenta a formas de violencia cualitativamente distintas y mucho más difíciles de abordar. La falta de una mirada interseccional se traduce en fallas institucionales graves y en la invisibilización de víctimas.

Las mujeres racializadas y migrantes enfrentan la violencia de género no solo por parte de sus parejas, sino también por estructuras racistas y xenófobas. El miedo a la expulsión o a la discriminación institucional puede impedir que denuncien, atrapándolas en un círculo de abusos. Además, pueden ser objeto de formas específicas de violencia sexual y laboral, debido a la devaluación de sus vidas y cuerpos en contextos migratorios.

Las mujeres con discapacidad tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir violencia sexual, física y psicológica, a veces incluso por parte de cuidadores o personal de instituciones, debido a la dependencia física o a la negación de su autonomía sexual. Las mujeres mayores, a su vez, pueden ser víctimas de violencia económica o negligencia en el marco de la dependencia.

Las mujeres lesbianas, bisexuales y, crucialmente, las mujeres trans experimentan violencias específicas (como la violencia correctiva o los crímenes de odio) que combinan la misoginia con la LGTBIfobia. Las mujeres trans, en particular, enfrentan tasas desproporcionadas de violencia extrema, exclusión laboral y pobreza, lo que agrava su vulnerabilidad.

Cuando las políticas públicas y los protocolos de atención no son interseccionales, las intervenciones fallan. Un refugio para víctimas de violencia de género que no es accesible para sillas de ruedas, un programa de apoyo económico que exige permiso de residencia a las mujeres migrantes, o un centro de crisis que no ofrece servicios en lenguas diversas, son ejemplos de respuestas que, involuntariamente, excluyen a las mujeres que más necesitan protección.

La interseccionalidad, por lo tanto, no es solo una teoría académica; es una exigencia de justicia. Nos obliga a mover el foco de una «mujer universal» a las «mujeres concretas» y a reconocer que las soluciones deben ser tan complejas y matizadas como las vidas de aquellas a quienes pretenden proteger.

Abordar la violencia de género requiere desmantelar todos los ejes de opresión que la alimentan. Un enfoque interseccional demanda la implementación de políticas públicas sensibles a las diferencias, que garanticen acceso universal y adaptado a la justicia, la protección y la reparación. Solo reconociendo que la violencia de género se manifiesta en la confluencia de múltiples discriminaciones podremos aspirar a una erradicación efectiva y equitativa de esta lacra social.

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1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. En el mundo, se estima que habrá 21,6 millones de casos en 2030, de los cuales más de 330.000 lo serán en España. Según la Asociación Española Contra el Cáncer, en España, actualmente una persona es diagnosticada de cáncer cada 2 minutos.

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible en España y en el mundo, siendo el principal factor de riesgo de cáncer. El tabaco está relacionado con 16 tipos de cáncer, es el responsable del 84% de los casos de cáncer de laringe y entre el 80% y el 90% de los de pulmón. En definitiva, es el responsable de más del 30% de los casos, 1 de cada 3 casos de cáncer. Además, y no por ello menos importante, está relacionado con otras enfermedades.

El documento de referencia para quienes trabajamos en promoción de la salud y la prevención del cáncer es el Código Europeo Contra el Cáncer, un texto que ofrece a la ciudadanía 14 recomendaciones para llevar un estilo de vida más saludable y que no deja lugar a dudas: el tabaco tiene que quedar fuera de nuestras vidas. Los puntos 1 y 2 hablan de manera clara sobre el consumo de tabaco y productos relacionados (tabaco calentado, cigarrillos electrónicos, etc.) de manera directa, así como el mantenimiento de espacios libres de humo, para reducir lo que se conoce como exposición al humo de segunda mano, o fumadores pasivos.

Con estos datos parecería lógico que la gente decidiera no utilizar ningún método para introducir humo en su cuerpo. No obstante, vamos a ver qué nos dicen las estadísticas a partir de la encuesta ESTUDES (2025) y EDADES (2024).

La encuesta ESTUDES (2025) sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España (14-18 años), ofrece datos algo mejores que los aportados en ediciones anteriores, pero en los que hay que seguir poniendo el foco en el tabaquismo para no perder la atención sobre esta problemática:

• Prevalencia del consumo
  • El 27,5% de los estudiantes ha fumado tabaco en el último año.
  • El consumo diario se sitúa en torno al 6,9%, con mayor incidencia en chicas que en chicos.
• Edad de inicio
  • La edad media para empezar a fumar se mantiene en 14 años, lo que confirma la necesidad de reforzar la prevención en etapas tempranas.
• Tendencia histórica
  • Se observa una ligera disminución respecto a ediciones anteriores, aunque el consumo sigue siendo significativo y vinculado a otros hábitos de riesgo.
  • Aumenta el uso combinado de tabaco y cigarrillos electrónicos, lo que plantea nuevos retos en prevención.

• Percepción del riesgo
  • Aunque la mayoría reconoce que fumar es perjudicial, la percepción de riesgo disminuye en relación con el consumo ocasional, lo que puede favorecer la experimentación.

Por otro lado, si miramos la encuesta EDADES (2024), la encuesta sobre alcohol y otras drogas en España, podemos observar que:

• Prevalencia del consumo:
  • En 2024, el 66,6% de la población de 15 a 64 años ha consumido tabaco alguna vez en la vida, el 36,8% en el último año, el 33,9% en el último mes y el 25,8% diariamente en el último mes.
  • Entre los fumadores diarios, el 67,7% se han planteado dejar de fumar, y el 44,1% se lo ha planteado y lo ha intentado. 
• Tendencia histórica:
  • Evolutivamente, todas las prevalencias de consumo de tabaco tradicional han disminuido con respecto a 2022.
  • Si atendemos a nuevas formas de consumo, el 19% de las personas de 15 a 64 años ha consumido cigarrillos electrónicos alguna vez en la vida, porcentaje superior al obtenido en 2022 (12,1%), y casi el doble del 10,5% de 2020.

Con estos datos de consumo, y viendo la relación entre el consumo de tabaco y el cáncer, la lucha contra el tabaquismo debe ser un eje de actuación central para quienes trabajamos en la promoción de la salud.

El Código Europeo Contra el Cáncer, además de dar las dos recomendaciones mencionadas anteriormente, también recoge una serie de políticas y buenas prácticas para decisores políticos entre las que se encuentran: incrementar los impuestos al tabaco y productos relacionados, restringir la disponibilidad y accesibilidad de los mismos, o regular la publicidad, promoción y patrocinio que estos pueden hacer, entre otros.

También es fundamental luchar contra los mitos y la desinformación difundidos sobre el tabaco y que, en ocasiones, han tenido impacto y calado en la sociedad.

Finalmente, atendiendo a las necesidades de las personas fumadoras, es importante conocer que hay salida y se puede dejar de fumar. Esta eliminación del hábito ofrece resultados positivos en diferentes plazos sobre el cuerpo, desde la mejora de la capacidad pulmonar y la recuperación del gusto y el olfato, hasta la reducción de manera sustancial del riesgo de cáncer.

En este Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, la evidencia científica es ineludible: erradicar el tabaquismo —en todas sus formas, incluyendo cigarrillos electrónicos y calentados— es el pilar central de la prevención oncológica en España. Pese a las señales de mejora en las estadísticas, los datos de las encuestas ESTUDES y EDADES nos obligan a reforzar la guardia, especialmente ante la experimentación juvenil y la desinformación. La respuesta no puede ser pasiva. Exige una acción coordinada y valiente que combine la voluntad política de implementar restricciones firmes, como las propuestas por el Código Europeo Contra el Cáncer, con un apoyo humano y profesional para quienes buscan dejar de fumar.

El camino hacia un futuro libre de humo no es solo una recomendación; es la promesa más clara que podemos hacer como sociedad para reducir drásticamente esta lacra sanitaria y celebrar la vida.

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Desde 2014 el 9 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Adopción. Aunque no existe una convención desde organismos internacionales, Naciones Unidas impulsó el mismo mes el Día Mundial de la Infancia, día destacado para defender y promover los derechos de todos los niños y niñas del mundo, incluido el derecho a crecer en un entorno familiar saludable. También es conocida la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989.

Pero el porqué de la falta de esta convención internacional específica sobre adopción podemos encontrarlo en las grandes diferencias que, sobre estos procesos, se dan entre los países. De hecho, esta es una de las primeras barreras que podemos encontrar a la hora de hablar y comprender qué significan los procesos de adopción.

En nuestro contexto, se trata de un proceso que se corresponde con una medida muy excepcional, que se da en el caso en el que la niña/o o adolescente ya no pueda permanecer con su familia. En este sentido, hay que destacar el derecho de las niñas y niños a tener una familia y evitar otro tipo de preconcepciones sobre el desarrollo personal, el derecho a la crianza u otros mitos de las personas adultas cuando buscan construir una familia.

El interés superior del/la menor es el primer punto que se destaca desde que cualquier familia desea iniciar el proceso de acogimiento preadoptivo con fines de adopción, por lo que la frase “es posible que nunca llegue tu hijo/a”, está presente desde el comienzo, lo que no tiene porqué restarle ni una pizca de ilusión. También durante el proceso se disipan dudas en cuanto a la terminología (adopción, acogimiento, guarda con fines de adopción, entre otros conceptos) y también otros mitos sobre el tipo de adopción. Un ejemplo es la diferencia entre la adopción nacional y la internacional y ciertas leyendas sobre la comercialización. No se puede pagar por tener un hijo/a en este tipo de proceso, pero hay ocasiones en la adopción internacional en las que los acuerdos con las entidades intermediarias, los viajes requieren desembolsos económicos para este tipo de gastos. Es importante conocer claramente como es cada proceso, porque el desconocimiento produce un impacto social importante, nutrido a base de leyendas o suposiciones, que pueden generar malestar en las criaturas adoptadas y sus familias.

La adopción nacional es un proceso que se inicia con la documentación y solicitud, continuado por la realización de un curso vivencial y su seguimiento por parte de un equipo de profesionales de la administración, que tiene como fin otorgar, si se da el caso, lo que se conoce como el certificado de idoneidad.

Y lo más importante: mientras tanto, ¿dónde están los niños y las niñas? Esta pregunta debería estar siempre presente porque es clave ya que corresponde a veces con los primeros momentos de vida del/la hijo/a o con momentos de cambio decisivos en el futuro desarrollo. El trabajo de las familias de acogida es ingente e incalculable y los entornos que se crean, llenos de cariño y seguridad, son la base para el desarrollo del niño o la niña. Por eso estas experiencias deben ser visibilizadas en la medida de las necesidades y decisiones que poco a poco tomará el niño o la niña. Es imprescindible que se escuchen las voces de las niñas/os y adolescentes adoptados/as, por lo que toda persona que pueda tener relación con el acompañamiento a familias en los procesos de adopción debería estar informada sobre las demandas y actuaciones de entidades y asociaciones de personas adoptadas y de familias adoptivas. El derecho al respeto y conocimiento de la historia de vida y el acompañamiento en el impacto que esta historia puede tener en la construcción del proyecto vital del/la menor, es clave, pero en algunas ocasiones, quizás por desconocimiento, miedo o incomodidad, se tiende a construir una brecha con relación a “lo que pasó antes de la adopción”. Desde los acompañamientos a las familias se insiste en este derecho y se asesora sobre las mejores maneras de manejarlo en cada caso.

Otro de los mitos que existen sobre la adopción hace referencia a la naturaleza del vínculo en las relaciones de adopción. Aunque lógicamente las experiencias personales son diversas, la manifestación del vínculo en estas relaciones también surge desde la entraña. Es algo que sin saber cómo, va apareciendo en muy pocos días tras el inicio de la convivencia, resulta tan fácil quererse, cuidarse y preocuparse, que es casi imposible no incorporar estas experiencias. Hay que tener presente lógicamente que no todo es un campo de lavandas y hay momentos muy difíciles, con mochilas complicadísimas con las que hay que hacerse fuerte o, en los momentos necesarios, pedir ayuda.

Como puede observarse, los procesos de adopción, por su excepcionalidad entre todas las medidas de protección de la infancia que existen en nuestro país, son altamente controlados y los equipos de profesionales tienen competencias muy específicas y gran capacidad de manejo de la diversidad de casos. Otra cuestión son las lagunas que existen en la sociedad en general. Aparte de las ideas preconcebidas que se han comentado, es imprescindible que las y los profesionales de salud tengan una mirada activa de respeto y conocimiento, por lo que actuaciones como la formación intersectorial, que faciliten momentos de convivencia entre profesionales que trabajan con la infancia (protección de menores, educación y salud) se vuelve imprescindible.

Hay que tener muy presente que cada proceso de adopción y cada vida de un/a menor o adolescente adoptado/a es diferente y como sociedad tenemos el deber de acoger y acompañar, buscando romper con estereotipos que todavía existen sobre las familias. Estos estereotipos crean situaciones difíciles que pueden afectar negativamente a familias que pueden encontrarse en determinados momentos, en posiciones de mayor vulnerabilidad. Por ello, las familias adoptantes también son familias de madres solas, familias homoparentales, familias para las que los significados y vivencias de la adopción pueden ser muy diferentes.

Lo que está claro es que los procesos de adopción, como pasa en los procesos de crianza, son muy diversos y las experiencias de las personas implicadas son únicas. Como sociedad también tenemos el reto pendiente de escuchar y legitimar las voces de la infancia, saber acompañar, aprender a criar y cuidar es algo que se produce a lo largo de toda la vida y las experiencias de las niñas, niños y adolescentes adoptados/as, nos ofrecen enseñanzas que tenemos que aprender a descodificar, para conseguir construir una sociedad más justa. 

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Las transformaciones demográficas y sociales de las últimas décadas han generado nuevos desafíos en el ámbito del bienestar social y sanitario, especialmente en relación con el cuidado de las personas dependientes. El envejecimiento poblacional, la prolongación de la esperanza de vida y los cambios familiares han incrementado la demanda de cuidados en un contexto donde los servicios sociosanitarios resultan insuficientes.

El cuidado, entendido como las actividades orientadas al mantenimiento de la vida y la salud, ha sido históricamente invisibilizado, relegado al ámbito doméstico y atribuido casi en exclusiva a las mujeres. Actualmente, este trabajo —esencial para la sostenibilidad social y sanitaria— ocupa un lugar central en el debate público, aunque continúa siendo una labor poco reconocida y desigualmente distribuida. De ahí la necesidad de repensar los modelos tradicionales e incorporar estrategias que garanticen la equidad, la corresponsabilidad y el bienestar tanto de las personas cuidadas como de las cuidadoras.

La Organización Mundial de la Salud estima que, para 2030, una sexta parte de la población mundial tendrá más de 60 años, y esta cifra se duplicará en 2050. Este envejecimiento conlleva un aumento de la dependencia y una mayor demanda de cuidados familiares y comunitarios. Sin embargo, muchas personas mayores también asumen el rol de cuidadoras, especialmente abuelas y abuelos, lo que exige políticas públicas que promuevan su bienestar y eviten que el cuidado de otros implique el descuido propio.

El envejecimiento no es un proceso homogéneo: mientras algunas personas presentan limitaciones funcionales, otras mantienen una vida activa y contribuyen al sostenimiento familiar. Es necesario reconocer esta doble condición de receptoras y proveedoras de cuidados, y desarrollar políticas que prevengan el agotamiento derivado del cuidado prolongado.

Históricamente, el cuidado ha sido un trabajo no remunerado y feminizado, sostenido por mujeres en el ámbito doméstico. Este modelo tradicional, anclado en valores patriarcales, ha generado una profunda desigualdad de género al asumir que el cuidado es una extensión natural del rol femenino. Sin embargo, los cambios demográficos, la mayor inserción laboral de las mujeres y la creciente demanda de atención han impulsado la diversificación de los agentes del cuidado.

En este contexto, se observan tres tendencias principales. En primer lugar, la incorporación de los hombres al ámbito del cuidado, que supone un avance hacia la corresponsabilidad de género, aunque todavía limitado. El perfil más común del cuidador masculino es el de un varón urbano, casado, familiar de primer grado de la persona cuidada y sin formación específica en cuidados. La mayoría son jubilados o desempleados y cuidan a una única persona —generalmente una mujer— durante largos periodos, presentando más de la mitad síntomas de sobrecarga y afectación de su salud física y emocional.

A pesar de ello, los hombres cuidadores suelen valorar positivamente su relación con el sistema sanitario. Consideran el entorno familiar el espacio más idóneo para cuidar y muestran rechazo a la institucionalización. No obstante, persisten actitudes tradicionales: prefieren recibir ayuda femenina, perpetuando la división sexual de las tareas, y tienden a reproducir roles patriarcales que justifican su menor implicación directa en algunas actividades. Pese a estas limitaciones, su incorporación al cuidado representa una oportunidad para resignificar socialmente esta labor y avanzar hacia la igualdad.

En segundo lugar, el papel de abuelas y abuelos como cuidadores intergeneracionales ha adquirido una relevancia creciente; contribuyendo al sostenimiento de las familias ofreciendo cuidado continuo a nietos o familiares dependientes. Este fenómeno ha amortiguado la falta de recursos asistenciales y de personal de apoyo, aunque con consecuencias sobre la salud y el bienestar de los cuidadores mayores. El reconocimiento de estas dinámicas exige la implementación de programas de apoyo y de políticas que valoren su contribución sin sobrecargarlos ni poner en riesgo su autonomía.

En tercer lugar, la población migrante se ha convertido en un pilar fundamental del actual sistema de cuidados, tanto en España como en otros países europeos. En su mayoría mujeres, las personas migrantes asumen tareas de cuidados en condiciones de precariedad laboral, con jornadas prolongadas y escasa protección social. Su papel, indispensable para sostener la red de cuidados, demanda un mayor reconocimiento institucional y la incorporación de políticas que garanticen derechos laborales, regularización administrativa y formación específica.

Por último, la teleformación o teleeducación en salud se perfila como una estrategia clave para afrontar las limitaciones del sistema actual. Las personas cuidadoras, especialmente las familiares, encuentran obstáculos para acceder a programas presenciales de formación y apoyo por falta de tiempo, incompatibilidades horarias o barreras geográficas. En este contexto, las herramientas digitales —plataformas en línea, foros virtuales, clases síncronas y recursos educativos asíncronos— se presentan como alternativas eficaces que facilitan la adquisición de competencias, la comunicación entre cuidadores y el acompañamiento profesional a distancia.

La teleformación favorece la equidad, permitiendo que cualquier persona cuidadora, independientemente de su edad, ubicación o nivel socioeconómico, acceda a recursos de calidad. Además, contribuye a reducir la sobrecarga emocional y el aislamiento social al ofrecer espacios de aprendizaje, intercambio y apoyo mutuo. No obstante, se requiere seguir investigando sobre la eficacia y sostenibilidad de estas intervenciones, así como sobre su adaptación a las diversas realidades culturales y tecnológicas de las personas cuidadoras.

En definitiva, los cambios demográficos y sociales contemporáneos exigen repensar el modelo de cuidados desde una perspectiva más inclusiva, corresponsable y sostenible. El incremento de la dependencia, la insuficiencia del sistema sociosanitario y la feminización histórica del cuidado han revelado la urgencia de desarrollar estrategias innovadoras que respondan a las nuevas necesidades.

Entre las líneas prioritarias de acción se identifican: la incorporación progresiva de los hombres al cuidado familiar, que contribuye a redistribuir responsabilidades y desafiar los roles de género tradicionales; el reconocimiento y apoyo al papel de abuelos y abuelas como cuidadores intergeneracionales; la protección y valorización del trabajo de la población migrante, que constituye una fuerza esencial en el ámbito doméstico; y la implementación de programas de teleformación que promuevan el autocuidado, la capacitación y el acompañamiento de las personas cuidadoras.

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