Cada 27 de octubre se celebra el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, fecha impulsada por la World Federation of Occupational Therapists (WFOT) para reconocer la contribución global de esta disciplina a la salud, el bienestar y la justicia ocupacional. En Aragón, esta conmemoración adquiere un valor especial por el carácter pionero que la comunidad ha desempeñado en la historia de la profesión en España.

Desarrollo histórico en Aragón

La Universidad de Zaragoza implantó los estudios de Terapia Ocupacional en 1991, en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, convirtiéndose en la primera universidad española en ofrecer esta titulación. Este hecho supuso un avance significativo en la profesionalización del campo y en la consolidación de una formación universitaria de calidad. A lo largo de estas tres décadas, Aragón ha formado aproximadamente a 18.000 profesionales, que hoy desarrollan su labor en todo el territorio nacional y en el extranjero, evidenciando el impacto de este modelo académico pionero.

Posteriormente, mediante la Ley 11/2001, de 18 de junio, de Creación del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón, se dotó a la profesión de un órgano de representación propio, consolidando así su estructura colegial y su marco normativo. El COPTOA, primer colegio profesional de terapeutas ocupacionales en España, ha sido un actor clave en la defensa, promoción y visibilización de la profesión en nuestra comunidad autónoma, siendo referencia para los colegios profesionales que se formaron con posterioridad.

Estos hitos confirman que Aragón ha tenido un papel determinante en el desarrollo de la Terapia Ocupacional en España, tanto desde el ámbito académico como desde el profesional.

La ocupación significativa como fundamento de la práctica profesional

La Terapia Ocupacional defiende que la ocupación es una necesidad humana esencial y un medio fundamental para la salud y el bienestar. En las últimas décadas, el concepto de ocupación significativa ha adquirido protagonismo, entendido como aquella actividad que tiene valor y propósito para la persona y que le permite participar activamente en la sociedad.

Este enfoque sitúa a la persona en el centro del proceso terapéutico, considerando no sólo las habilidades funcionales, sino también sus intereses, valores, espiritualidad, roles, contextos y cultura. De esta forma, la práctica profesional en Aragón se ha ido alineando con modelos internacionales de intervención centrados en la persona y en la participación ocupacional, como son el Modelo de Ocupación Humana, el Modelo Canadiense o el Modelo Kawa, por citar solo algunos.

En la actualidad, numerosos proyectos en Aragón —como programas de envejecimiento activo, inclusión laboral o intervención comunitaria— reflejan la aplicación práctica de estos principios y su impacto positivo en la autonomía y la calidad de vida.

Los y las terapeutas ocupacionales aragoneses desarrollan su labor en múltiples contextos: sanitario, social, comunitario y laboral, aportando una mirada integral que favorece la autonomía y la inclusión.

Retos actuales de la profesión en Aragón

A pesar de los avances alcanzados, la Terapia Ocupacional en Aragón se enfrenta a una serie de retos contemporáneos que marcan la agenda profesional:

1. Reconocimiento institucional y sanitario

Es necesario consolidar la figura del y de la terapeuta ocupacional en todos los niveles del sistema público de salud, especialmente en Atención Primaria, servicios hospitalarios y programas de salud mental comunitaria. La incorporación estable de la profesión en los equipos multidisciplinares contribuiría a mejorar la continuidad asistencial y a fortalecer la atención centrada en la persona.

2. Impulso de la investigación y la práctica basada en la evidencia

La consolidación de grupos de investigación en Terapia Ocupacional permitirá fortalecer el conocimiento científico propio y sustentar la práctica clínica en resultados medibles y reproducibles. El establecimiento de redes colaborativas entre universidad, servicios sanitarios y colegios profesionales favorecería la transferencia de conocimiento y la innovación aplicada.

3. Expansión profesional hacia nuevos entornos

El y la terapeuta ocupacional están llamados a desempeñar un papel relevante en ámbitos emergentes como la accesibilidad universal, el envejecimiento activo, las tecnologías asistidas, el diseño inclusivo o la sostenibilidad social.

Por otro lado, aunque siga siendo un ámbito en expansión, nuestro papel en el sistema educativo —tanto en centros ordinarios como en centros de educación especial— es indiscutible y necesario. Comunidades como la Valenciana, Navarra o el País Vasco ya integran con éxito a las terapeutas ocupacionales en sus equipos interdisciplinares, y en países vecinos (Portugal, Francia o Inglaterra) nuestra figura forma parte habitual de los equipos escolares. En Estados Unidos, alrededor del 14 % de terapeutas ocupacionales trabaja en escuelas de educación primaria y secundaria, donde la intervención está reconocida como related servicepor la ley federal IDEA (Individuals with Disabilities Education Act).

La Terapia ocupacional escolar facilita la participación del estudiante en las ocupaciones de la escuela (aprender, jugar, autocuidado, movilidad, regulación, uso de tecnología), ajustando tareas y entornos, aportando adaptaciones, productos de apoyo, y colaborando con docentes y familias en el equipo del IEP (Plan Educativo Individualizado). Puede ofrecer apoyos universales (aula/centro), en pequeños grupos o individuales según necesidad educativa.

4. Sensibilización y visibilidad social

Promover el conocimiento de la profesión entre la ciudadanía es clave para reforzar su reconocimiento y fomentar la demanda de servicios de Terapia Ocupacional en todos los sectores. La comunicación efectiva, la divulgación científica y la presencia activa en medios y redes sociales son herramientas esenciales para aumentar la visibilidad y el impacto social de la profesión.

Conclusiones

Aragón ha sido, y continúa siendo, referente en la historia y el desarrollo de la Terapia Ocupacional en España. Desde la implantación universitaria en 1991 hasta la creación del COPTOA en 2001, la comunidad ha liderado procesos que han permitido profesionalizar, regular y dignificar esta disciplina.

Hoy, los y las terapeutas ocupacionales aragoneses afrontan un escenario cambiante que exige adaptabilidad, compromiso ético y actualización permanente. El futuro de la profesión pasa por fortalecer su base científica, consolidar su presencia en las políticas públicas y reivindicar el poder transformador de la ocupación significativa como medio para promover la salud, la participación y la justicia ocupacional.

El reto colectivo consiste en continuar avanzando hacia una sociedad más equitativa e inclusiva, donde cada persona tenga la oportunidad de participar plenamente en aquellas ocupaciones que dan sentido a su vida. En este camino, la Terapia Ocupacional aragonesa seguirá siendo un referente de innovación, compromiso y liderazgo profesional.

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La era hiperconectada y la pandemia de la mentira

Vivimos en una era hiperconectada donde la información circula más rápido que nuestra capacidad para digerirla. Las que bautizamos desde el Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID) de la Universidad de Zaragoza como “Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación” (TRIC) (Marta-Lazo & Gabelas, 2013) han transformado radicalmente el ecosistema mediático. La pluralidad de voces y el acceso abierto al conocimiento ha supuesto, en contrapartida, la puerta a un fenómeno cada vez más alarmante, la desinformación. Y lo que es más grave, cuando esta desinformación afecta al ámbito de la salud, sus consecuencias no solo confunden, sino que pueden costar vidas.

La alfabetización mediática para la salud es una necesidad urgente. Además de enseñar a consumir medios de manera crítica, se trata de dotar a la ciudadanía de herramientas para tomar decisiones informadas, basadas en evidencia científica y no en creencias virales. La “pandemia de la desinformación” afecta desde elecciones cotidianas relacionadas con la alimentación, el ejercicio o el descanso, hasta cuestiones complejas de salud pública como la vacunación, el uso responsable de medicamentos o la confianza en los sistemas sanitarios.

El impacto de la posverdad en la salud pública

En el actual ecosistema comunicativo, el fenómeno de la posverdad (los hechos objetivos tienen menos peso que las emociones o creencias personales) se manifiesta como una gran amenaza. En salud, esto se traduce en decisiones basadas en sensaciones relacionadas con «lo que vi en redes», en lugar de la evidencia contrastada y demostrada.

Las redes sociales, lejos de actuar como canales efectivos de información sanitaria, se han convertido en un terreno fértil para la circulación de bulos, teorías conspirativas y remedios peligrosos. Plataformas como TikTok, Instagram o YouTube están plagadas de “influencers” que, sin formación médica ni rigor, recomiendan dietas extremas, productos milagrosos o terapias alternativas sin base científica.

Durante la pandemia de COVID-19 lo vivimos con especial dramatismo, proliferaron tratamientos sin evidencia, teorías antivacunas, noticias falsas sobre efectos secundarios, pero el problema no terminó ahí, siguió con contenidos pseudocientíficos con apariencia de autoridad, relativizando el valor de décadas de investigación médica.

Cámaras de eco y el sesgo de confirmación

La manera en que consumimos información está fuertemente mediada por algoritmos. Las cámaras de eco alimentan nuestros sesgos cognitivos y nos hacen más vulnerables a aceptar informaciones que confirman lo que creemos, sin pasar por filtros racionales. En salud, esto puede llevar a rechazar tratamientos médicos validados o a adoptar conductas de riesgo, convencidos de que son «lo mejor» para nuestro cuerpo.

El resultado de estas dinámicas erróneas afecta a personas que autodiagnostican enfermedades graves siguiendo videos de treinta segundos, padres y madres que rechazan vacunar a sus hijos por miedo a efectos inventados, jóvenes que ponen en riesgo su salud física y mental por alcanzar estándares estéticos irreales promovidos en redes. De este modo, la salud, que supone un derecho fundamental, se ve amenazada no solo por virus o enfermedades, sino también por la ausencia de pensamiento crítico en el tratamiento informativo.

La alfabetización mediática como competencia esencial

Frente a esta «infodemia», la alfabetización mediática debe extenderse al terreno de la salud con la misma urgencia y sistematización con la que se promueven campañas de vacunación o prevención al tabaquismo. Saber identificar fuentes fiables, contrastar datos, entender el funcionamiento de los algoritmos, reconocer sesgos y detectar intenciones ocultas detrás de ciertos discursos debe formar parte del currículum educativo básico. Se trata de capacitar ciudadanos libres, críticos y responsables para potenciar el derecho a recibir información veraz en una sociedad democrática.

La alfabetización mediática para la salud puede definirse como la capacidad para acceder, comprender, evaluar críticamente y utilizar información de salud de manera eficaz. Esta capacitación implica entender cómo se construyen los discursos mediáticos, cómo circulan los contenidos en redes y cómo nuestra percepción puede ser moldeada por lo que consumimos.

La UNESCO plantea que la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI/MIL) proporciona un conjunto de habilidades esenciales para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. En el ámbito de la salud, no puede depender únicamente de campañas puntuales, es necesaria una estrategia educativa estructural, transversal y continua, que incorpore estas competencias desde la infancia hasta la formación universitaria y también en ámbitos de educación no formal. La alfabetización mediática debe considerarse una herramienta de salud pública.

Responsabilidad compartida entre medios, sistema educativo y ciudadanía

El problema de la desinformación en salud no puede combatirse desde un solo frente, requiere la articulación de varios actores sociales:

Los medios de comunicación, que deben recuperar su función pedagógica y priorizar el rigor frente al clic fácil. Los periodistas especializados en salud tienen la enorme responsabilidad de traducir el lenguaje técnico sin banalizar el contenido, contextualizar sin alarmar y verificar cada dato.

El sistema educativo, que debe incorporar la alfabetización mediática desde la infancia. Enseñar a los niños a desconfiar de los titulares sensacionalistas y a no compartir contenidos sin verificar, es tan importante como enseñar matemáticas o historia.

La ciudadanía, que debe asumir un rol activo como EMIREC (emisor-receptor), entendiendo que compartir información es una forma de intervenir en la salud colectiva. Cada mensaje difundido puede llegar a salvar o a perjudicar vidas. Por tanto, debemos actuar con responsabilidad, criterio y compromiso.

Además, urge exigir mayor transparencia a las plataformas digitales sobre sus algoritmos, así como fomentar políticas públicas que regulen la difusión de contenidos sanitarios falsos, protegiendo el derecho a la verdad.

Como sociedad, tenemos que entender que la verdad, especialmente cuando hablamos de salud, no es negociable. Educar en alfabetización mediática para la salud no es un lujo académico ni una moda educativa, es una vacuna social contra el virus de la mentira. Una vacuna que, como todas las que funcionan, debe llegar a todos y administrarse cuanto antes para protegernos de males como los bulos, las estafas u otros mecanismos de ciberdelincuencia.

La alfabetización mediática no solo nos protege del engaño, nos empodera como ciudadanos y nos ayuda a construir una sociedad más informada, crítica y sana.

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Vivir es un riesgo. Esta idea ha sido ampliamente tratada desde la filosofía y la psicología. En ese contexto, el riesgo se entiende como un elemento positivo, incluso como una oportunidad para definir qué es la vida y por qué debe asumirse. Sin embargo, el trabajo no puede ser un riesgo. En el ámbito laboral, el concepto de riesgo se asocia directamente con la causa de posibles daños. Y esas consecuencias, cuando afectan a la salud, son siempre negativas y conllevan un deterioro. Este artículo busca aclarar algunos aspectos sobre el trabajo y la seguridad laboral, así como explicar cómo se regula en España la normativa aplicable una vez que se ha producido un daño.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo establece los riesgos existentes agrupados en las siguientes categorías: riesgos derivados de la seguridad en el trabajo, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, riesgos químicos, riesgos biológicos y riesgos físicos. En 1995 se redactó la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 08 de noviembre) que, por primera vez, intentaba no sólo corregir las situaciones donde ya se presentaban esos riesgos, sino enfrentarlos en su origen con el fin de llegar a minimizarlos o, de hecho, eliminarlos antes de que ocurrieran. La aparición de esta Ley inició un proceso de transformación en la forma de ver y pensar la prevención y la salud laboral en las empresas, las personas trabajadoras y la Administración General. Tras un recorrido de 30 años, está ya en el punto de mira de una próxima reforma.

Cuando los daños para la salud ya se han producido, su clasificación está regulada en la ley. Estas normas se apoyan, por un lado, en una amplia evidencia que demuestra la relación entre el riesgo existente y el daño causado y, por otro, en los principios clínicos que responden a las condiciones actuales de trabajo. En este sentido, es importante señalar que la Administración se basa también en el conocimiento aportado por sociedades científicas. Se trata de asociaciones de profesionales de diferentes ámbitos —como la ingeniería, la medicina o la enfermería— que contribuyen al desarrollo de la prevención de riesgos laborales.

Las situaciones asociadas al desempeño de un trabajo o actividad por cuenta ajena son denominadas contingencias profesionales. Estas contingencias se dividen en dos categorías, accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El accidente de trabajo se entiende como toda lesión corporal que la persona trabajadora sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza. Es, en definitiva, un hecho puntual, un suceso repentino que ocurre durante el desarrollo de la actividad laboral. Actuaciones como ir o volver del trabajo, o el agravamiento de enfermedades previas a consecuencia de la lesión constitutiva del accidente, se consideran también en este epígrafe.

Por otro lado, la definición existente de enfermedad profesional se recoge en el artículo 157 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Esta definición indica que se entenderá como enfermedad profesional toda aquella que sea contraída a consecuencia del trabajo efectuado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que se indiquen para cada enfermedad profesional. Es decir, precisa que la persona trabajadora esté expuesta prolongadamente al riesgo que la genera. Por tanto, la aparición de la sintomatología que la caracteriza es mucho más lenta. Aquellas enfermedades que se producen en el desarrollo de la actividad laboral pero que no están contempladas como profesionales, ni tienen como riesgos asociados los recogidos en el listado de las enfermedades profesionales serán consideradas como enfermedades del trabajo, y se agrupan en la clasificación de accidentes de trabajo.

En la actualidad, todas estas características están recogidas en el Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre.

La indicación de estas contingencias está reconocida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales o las empresas colaboradoras en la gestión de dichas contingencias. Cuando se está en disconformidad con la declaración, habitualmente el no reconocimiento del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, la persona interesada puede solicitar por escrito la iniciación de un procedimiento de determinación o aclaración de la contingencia ante la Dirección Provincial del INSS. Si la resolución de esta Dirección también fuera contraria a los intereses o creencias de la persona, esta puede iniciar una demanda ante el Juzgado de lo Social.

Una vez vista la vía de la estructura legal del daño, se antoja necesario volver a hablar del riesgo. En este sentido, eliminarlo, o al menos minimizar sus consecuencias también depende de la percepción individual del mismo. Conocer y seguir las recomendaciones en materia de prevención y ser consecuente con las normas de seguridad son actitudes precisas y necesarias para intentar conseguir que el trabajar no implique perjuicios en la salud de las personas.

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